Raymundo Gámez Perea impugnó su jubilación forzosa. “No me gusta cobrar sin trabajar” explica mientras espera su restitución
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“La justicia debe nutrirse con base en la experiencia y la especialización”, sostiene el togado Raymundo Gámez Perea quien presidió la Sala Familiar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y que el 2 de febrero fue obligado a jubilarse. Tras ampararse, hoy espera su restitución.
Antes de reunirse con investigadores del Derecho en un restaurante local, accede a explicar su negativa a la orden de jubilarse. Gámez Perea se desempeñó hasta el 2 de febrero pasado como Magistrado Presidente de la Sala Familiar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“Me niego a aceptar la jubilación forzosa que me ha impuesto el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A mi me ha pagado un salario el gobierno (de Sinaloa) por casi 26 años, creo que esa experiencia debe valer algo para la sociedad, debe ser útil.”
Destaca su valioso bagage cultural en materia de Derecho Familiar: “la experiencia te da la posibilidad de ser mejor, porque la justicia no sólo tiene que ser pronta, sino adecuada, de tal manera eficaz que se nutra con base en esa experiencia y especialización.”
Explica los antecedentes de su caso. Antes del 2001 la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa contemplaba un retiro voluntario los 15 años, ese año y con base en el artículo 95 Constitucional, se transformó en retiro forzoso sin importar la edad biológica sólo la duración de 15 años.
Para el magistrado, esa modificación imitó la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1994 como Tribunal Constitucional. “Es decir, lo que resuelve la Corte vale para todos; copiaron algo sin que valieran las razones que tuvo el Tribunal Judicial, no son iguales las funciones entre un poder y otro.
“Aquí —dice— retiro forzoso a los 70 años, de 65 pasó a 70 la Ley del IMSS, lo mismo la Ley del ISSSTE en Sonora.” El debate radica en que la medicina preventiva aumentó el promedio de vida y la calidad de vida de las personas por lo que el IMSS incrementó la edad para jubilar a sus afiliados.
“A contrario sensu en las universidades hay jóvenes jubilados de 48 o 50 años con maestrías y doctorados. Experiencia y mucho futuro y eso tiene quebradas a las universidades.” El magistrado reitera su posición: “no me gusta cobrar sin trabajar, porque bien pudiera venir a cobrar lo que ganan los que están en activo”.
Explica que para ampararse debía establecerse un perjuicio. “Una vez jubilado no tienes gastos médicos, ni seguro de vida, ni chofer, no tienes carro ni combustible, etcétera. El otro perjuicio es emocional; antropomórficamente identificamos a un jubilado como un viejo, una persona incapaz o poco útil para el cuerpo social.”
Por su intensa actividad académica en universidades y las conferencias que dicta en varias ciudades del país le “parecería una forma fraudulenta irme a mi casa y cobrar sin producir al Estado lo que por más de 27 años me ha entregado vía salarios; las asistencias a Congresos nacionales e internacionales que me ha costeado vía el Poder Judicial.”
-¿Por ello solicitó amparo?
“No quiero politizar un asunto que considero es académico, una cuestión de conciencia. Hay compañeros muy respetables a los que aprecio, con ellos convivo, comparto el pan y la sal y no me gustaría siquiera lastimarlos.”
Subraya que no está contra sus colegas magistrados. Considera que debieron aplicar una Ley con la que él no está de acuerdo. “És una norma que les da el Poder Legislativo el órgano ejecutor es el Poder Judicial.”
-¿Le negaron el primer amparo?
“No, el primero tenía una finalidad diferente. Estimamos que el artículo 95 de la Constitución es una norma programática y para llevarse a efecto debe tener una reglamentación en una norma secundaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Debe crearse un procedimiento para el trámite del retiro forzoso. En la Constitución es obligatorio y en la Ley Orgánica es voluntario y ese es uno de los puntos que alegamos en el amparo. Ahora estamos en una etapa en que se difirieren las audiencias, porque el juez de amparo pide copia al primer amparo en la que le oponen la litispendencia - un juicio pendiente-.
En 30 días el juez cuarto de Distrito podrá comparar las demandas y apreciará que los actos son notoriamente diferentes. El primer amparo está en segunda instancia “prueba de ello es que doy conferencias en el Primer Colegiado en toda la República.”
Insiste: “no quiero cobrar sin trabajar, que se sepa que física y mentalmente estoy en aptitud. No estarlo sí es causa de retiro forzoso. De ello puede dar fe la Asociación Nacional del Colegio de Abogados y Barras ya que el 23 de julio del año pasado di conferencias magistrales en Jalisco y en el Sexto Simposium en Sonora.”
-¿Confía en una solución favorable?
“No me gustan estas cortes de justicia estatales porque si un gobernador -de los que se creen dueños de todo, de los dineros, de la justicia- estuviera en manos de funcionarios locales no tendría muchas ventajas. Lo que queda es la justicia federal, no hay de otra.”
Gámez Perea evoca casos similares al suyo. En Colima y Baja California - donde restituyeron a 9 magistrados por cuestiones políticas- Aguascalientes y Michoacán -resueltos por la Corte- y que se citan en el libro Casos Relevantes de la Corte. “Esto es masivo” refiere.
De no resolverse a su favor explica que queda el recurso de revisión, la inconformidad. Le correspondería a la Suprema Corte que manda la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito. En caso de que gane el amparo, su restitución sería conforme a la sentencia. Si restituir significa volver al sitio que uno ocupaba y esa es la palabra que se utiliza 'restituir' y hablaríamos de restitución en términos laborales.
Académico y Ministro
Claudio Raymundo Gámez Perea imparte la materia de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAS hace 28 años. Para apoyar a estudiantes y profesores propuso que su estudio sobre Derecho Familiar -que recoge 15 años de investigación- se publique y venda por 50 pesos.
Fue creador de la Sala de lo Familiar en el Supremo Tribunal de Justicia hace 15 años. Ha participado en once Congresos Internacionales sobre Derecho Familiar y en dos centenas de eventos nacionales sobre la materia.
Es coautor de un Código Familiar, y de un Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa que es iniciativa de ley en el Congreso del Estado.
Ahora espera la resolución del amparo que interpuso contra la jubilación forzosa y sin su consentimiento que le impusieron las autoridades. Alega que tal determinación le causó perjuicios.
