La renovada criminalidad en Sinaloa auspicia el boom de empresas de seguridad que emplean a agentes policíacos en activo. Mientras, el gobernador insiste en que la paz regresó a la entidad
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En Sinaloa conseguir protección policíaca resulta muy sencillo. Sólo basta una carta aval de algún organismo empresarial o gremial y estar dispuesto a pagar 11 mil 250 pesos mensuales. El boom beneficia a 136 compañías registradas en la entidad y contradice la presunta calma que anuncia el Ejecutivo local.
Este escenario se descubrió tras la balacera del miércoles 13 julio de 2005, que cobró la vida a cuatro agentes de la Secretaría de Servicios y Protección asignados a la empresa Agrícola Dayana S.A, propiedad de Rosa Emma Quintero Félix —madre de Julio César Beltrán Quintero—, quien falleció junto con sus escoltas en Culiacán.
El servicio de custodia al que acceden por igual empresarios y particulares se ofrece en Sinaloa por la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Servicios y Protección (DSP) que tiene inscritas en su padrón a 136 empresas para las que trabajan 830 agentes de esa corporación.
Según Juan Manuel Zarco el titular de la DSP para acceder a tal servicio, la empresa Dayana S.A, contrató a las escoltas a través del aval de la Asociación de Agricultores del Río San Lorenzo y ofreció un pago mensual de 90 mil pesos por los ocho agentes asignados.
Por su parte, Rosa Emma Quintero Félix explicó que contrató ese servicio de seguridad en virtud de que meses atrás fue secuestrada por ocho meses y sus plagiarios, que la mantuvieron en una cueva antes de dejarla libre, le cortaron una oreja.
Como Dayana S.A., otras numerosas firmas de Sinaloa contratan a sus escoltas entre los agentes de Zarco Bernal. Un ejemplo de esta forma de operar lo constituyen los cuatro agentes detenidos mientras escoltaban un camión de la empresa Bachoco que entre las aves que transportaba se encontraron 35 kilos de cristal y 2 de cocaína.
Los policías detenidos en ese caso —y luego absueltos por intervención del citado jefe policíaco— son: Víctor Manuel Picos, Gaudelio González Elizalde, Juan Alvarado González y Carlos Velásquez Esparza.
En lo que ha transcurrido del 2005, además de los policías acribillados cuando custodiaban a un narco y de los efectivos sorprendidos mientras protegían un cargamento de droga entre aves, dos subordinados más de Zarco Bernal se han visto involucrados en otros hechos delictivos.
Entre ellos figuran el subcordinador operativo de la SPS, Martín Delegado Quezada a quien investiga la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por su presunta participación para facilitar la evasión de nueve reos de alta peligrosidad del penal de Aguaruto.
Si en anteriores ocasiones el jefe policiaco Juan Manuel Zarco había logrado salir delante de señalamientos semejantes, hoy sus días en la corporación concluyeron. Por ello expresó que si con su renuncia se soluciona el complejo esquema de corrupción en la que intervienen los agentes policíacos a su cargo, la presentaría.
Desafío para el gobernador
La delincuencia en Sinaloa desafió al gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando a escasos 600 metros de la residencia oficial fueron ejecutadas cinco personas —entre ellos cuatro policías y un presunto narcotraficante— apenas el 13 de julio.
Unas horas antes, en Mocorito, el mandatario estatal declaraba que la violencia estaba bajo control y que las ejecuciones sólo se cometían en la sierra gracias al éxito del operativo federal 'México Seguro'.
De igual manera, cuando el Ejecutivo estatal declaró en Los Ángeles que la violencia está bajo control, se dio el enfrentamiento entre policías —algunos de ellos protectores de presuntos narcotraficantes— en un hecho en el que se dispararon al menos 365 balazos, en su mayoría de rifles AK-47 y AR-15.
Arturo Agilazo el Subprocurador sinaloense confirmó la muerte de Julio Cesar Beltrán Quintero “El Julión”, hermano de Adolfo Beltrán Quintero asesinado el 29 de mayo de 2004 en Atlajomulco de los Zuñiga, Jalisco y dos de sus acompañantes.
En tal escenario de violencia cotidiana, las versiones de los funcionarios de seguridad del estado sólo confunden a la opinión pública.
Manuel Zarco Bernal el director de DSP —quien abogó por los tres policías detenidos al escoltar a un camión que transportaba droga—, aceptó que ignoraba por qué los agentes municipales de Tamazula, Durango custodiaban a Julio Cesar Beltrán Quintero “El Julión”, si su misión era proteger a Rosa Emma Quintero plagiada seis meses atrás.
Zarco confirmó que Benjamín Isidro Pereda Medina, Dimas Luciano Barraza López, Martín Antonio Mata Osuna y Diego Othoniel García Rodríguez —todos ejecutados el 13 de julio— eran agentes en activo y no estaban asignados como escoltas del civil ejecutado.
De acuerdo con la versión de Manuel Zarco la señora Rosa Emma Quintero- madre del occiso- solicitó los servicios de protección mediante una carta como aval que le expidió la Asociación de Agricultores del Río San Lorenzo.
“Los hechos como tal ahí están. No estoy culpando, ni absolviendo a nadie”, respondió Zarco Beltrán cuando los periodistas le preguntaron si estos hechos no confirmaban que sus agentes estaban involucrados en hechos de corrupción.
Por su parte, Arturo Aguilasocho Subprocurador General de Justicia del Estado aceptó que los delincuentes han encontrado la forma de burlarse de los operativos policiacos y urgió a revisar las estrategias.
Entretanto, la versión de los tres policías municipales de Tamazula, Durango —que resultaron positivos en las pruebas de radiosonato de sodio—, fue que regresaban a su base tras escoltar a Jesús Antonio Medina el director de esa corporación quien acudió al poblado de Costa Rica.
De este episodio —que confirmaría que los policías estatales contribuyen a la inseguridad local— permanecen las siguientes interrogantes: ¿qué hacían en ese lugar los policías de Tamazula?, ¿cuál fue el paradero del jefe policiaco que presumiblemente custodiaban? y ¿por qué sí eran policías, no auxiliaron a los otros agentes caídos?
A esos cinco ejecutados se suman otras dos personas muertas por violencia ese mismo día en Culiacán y Mocorito y a una cifra igual en San Ignacio y Mazatlán con lo que hasta lo que ha transcurrido este año totalizan 367 asesinatos registrados en Sinaloa.
Las víctimas se incrementan por una violencia que no parece detenerse mientras que las arcas de las agencias privadas de seguridad se benefician.
