Carmen Aída Guerra
La sobrepoblación en los reclusorios evidencia el desgastado sistema de readaptación social del estado, incapaz de contener y frenar a las mafias internas que impunemente operan redes de narcotráfico y prostitución
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Para los internos de los 18 centros de readaptación social de Sinaloa la justicia es prácticamente desconocida. Las estadísticas revelan que 80 por ciento de los reclusos no tienen acceso ni siquiera a una defensa apropiada, así que cuando ingresan en un penal su sobrevivencia es la única ley: “o se alinea o se alinea, porque aquí no hay de otra”.
Por el serio problema de sobrepoblación penitenciaria para las autoridades -encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia- la rehabilitación no es una prioridad. Lo que se manifiesta en la casi nula reincorporación a la sociedad de quienes egresan de los penales.
No importa cuántos funcionarios adscritos a los reclusorios sean cesados, ni que los custodios caigan en la corrupción porque sus salarios son ínfimos, ni siquiera que no funcionen adecuadamente los talleres para que los presos puedan realizar un trabajo digno: en los centros penitenciarios persiste una situación infame para los internos.
Y es que en los reclusorios no sólo hay problemas de hacinamiento sino también de alimentación y salud, pues para la manutención de cada recluso se erogan tan sólo 16 pesos con cincuenta centavos diarios, provenientes de la federación y del estado. Monto que no cubre los servicios básicos por lo cual aumenta el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas.
En el interior de las prisiones, y bajo la anarquía de la sobrepoblación, se consolidan las mafias y los grupos de poder, capaces de vulnerar el sistema cuando se trata de perpetrar fugas “bien” retribuidas o de ingresar narcóticos y artículos prohibidos.
Allí adentro, son los llamados “presidentes de módulos” los que, con autorización del jefe de celadores, auspician los ajustes de cuentas, el narcomenudeo y la prostitución.
Cese de funcionarios
Hace unas semanas, el escándalo causado por una fiesta que se celebró en el penal de Culiacán cobró su cuota de funcionarios: Raymundo Fierro Ruiz, director de Prevención y Readaptación Social, y Patricia Aidé Romero Valenzuela, directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito -quien trabajaba en Los Mochis cuando se trasladó a los reos a la cárcel de alta seguridad-, fueron cesados.
Acerca de este relevo de autoridades penitenciarias habla Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico de Sinaloa, quien dice que en el caso de Patricia Aidé Romero “se trata de una mujer honesta y trabajadora, ordenada y educada”, con 16 años de experiencia administrativa en el reclusorio de Los Mochis. Por su buena trayectoria fue trasladada a Culiacán, aunque tras la denuncia por el festín celebrado en el penal fue despedida.
Según la evaluación, que sobre el cese de los altos funcionarios hace Murillo Monge, perjudica la formación de un servicio civil de carrera, además de expresar que los recién llegados apenas conocen la compleja situación interna y enfrentan problemas coyunturales.
Sobrepoblación
La problemas en las cárceles persisten, y algunos expertos estiman que sólo por medio de la libertad preparatoria, a quienes tienen el beneficio para ello, se evitará este grave lastre que de alguna forma originan los agentes del Ministerio Público federal y estatal cuando por causas nimias remiten todas las averiguaciones al Juez.
De esa manera, el magistrado envía al detenido a la cárcel con lo que se da origen a otro problema y que radica en que, cuando un juez dicta sentencia absolutoria, el Ministerio Público, con o sin razón, apela. Esa es, por ejemplo, una causa por sobrepoblación en el penal de Aguaruto.
A este escenario se suma el aumento alarmante de mujeres que delinquen en la entidad. Así lo revelan estadísticas recientes: actualmente son 54 las procesadas del fuero federal, 39 sentenciadas con ejecutoria de orden federal, tres más sentenciadas sin ejecutoria del fuero federal; 15 del fuero común procesadas, 16 del fueron común sentenciadas con ejecutoria y cinco del fuero común sin ejecutoria. El año pasado, la cifra máxima fue de 50 y ahora se duplicó.
El número de hombres que actualmente aloja ese Centro es de 309 por delitos federales procesados, 477 por delitos federales sentenciados con ejecutoria, 42 por delitos federales sin ejecutoria, 760 del fuero común procesados, 794 del fuero común sentenciados con ejecutoria, 219 del fuero común sentenciados sin ejecutoria y siete sin ficha. Es decir, sobrepasa su cupo original con más de 250 reos.
Mercedes Murillo explica que los agentes del Ministerio Público colman los penales de indiciados. Al respecto, agrega que ahora hay un movimiento a escala nacional que busca sancionar a un Ministerio Público cuando apele sin razón.
“Recibirán una sanción, además los jueces que no sirven deben ser despedidos toda vez que resulta increíble que se apelen todas las sentencias absolutorias”, explica la entrevistada y agrega que “este es un pobre criterio de querer tener a todos los que investigan en las cárceles.”
Sin rehabilitación
La doctrina judicial considera la rehabilitación del procesado. Sin embargo, difícilmente se cumple a cabalidad el propósito de reincorporarse a la sociedad cuando el interno purga su sentencia lejos de la familia y convive con delincuentes que han reincidido en delitos graves.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, los centros de readaptación son establecimientos destinados exclusivamente a la retención y custodia de detenidos provisionalmente por orden judicial.
En su artículo 43 el ordenamiento señala que los reclusorios “tienen como fin primordial la readaptación social de los sentenciados a penas privativas de libertad, así como a la custodia de los detenidos, procesados y sentenciados”. Sin embargo, en la práctica esto pocas veces se cumple.
El escenario en las cárceles es complejo pues algunos funcionarios responsables de la seguridad no ejercen su autoridad, ya sea por temor o por simple corrupción. En los centros se da una práctica de simulación que aparentemente impide la violencia entre los internos, Esta situación ya ha sido denunciada por la prensa local.
Otro problema que se presenta en los reclusorios de Sinaloa es que hay sentenciados que purgan su condena pero que son originarias de otros estados, mientras que los procesados sinaloenses se alojan en prisiones de entidades que están muy lejanas de sus localidades, lo que dificulta la visita familiar.
Y aunque los parientes y los propios internos solicitan su traslado, este trámite es casi imposible cuando se trata de delitos del orden federal.
Festines, drogas y pandemias
Los festejos en los penales “son de siempre”, explican los sinaloenses tras el escándalo generado por la fiesta que se realizó el 7 de noviembre en el penal de Culiacán, organizada por la familia de un interno llamado Marco Antonio Soria Rubio.
Pero lo grave no es la fiesta, es la vida cotidiana de los reclusos en ese lugar donde incluso operan algunas sexoservidoras. “Lo más grave no es que haya fiestas, es el ocio lo que más acarrea problemas”, denuncia Murillo Monge.
A pesar de que se han instalado talleres de zapatería, herrería y carpintería que trabajan por pedido, la sobrepoblación impide que todos participen en esas actividades, si bien muy pocos optan por realizar trabajos artesanales.
Se observa, por ejemplo, que el taller de carrocería y pintura está en desuso. Otros espacios están vacíos, pues en algunos casos se atribuye a que ya pasaron de moda los cintos pitiados y ahora los internos bordan retratos, pintan, y las mujeres elaboran bisutería.
Sin embargo, es apenas el 10 por ciento de la población penal la que realiza actividades laborales.
La droga corre
De acuerdo con Murillo, los internos que ya son adictos a alguna droga, como la marihuana, tras su estancia en algún penal “sale graduada en drogadicción”, pues 75 por ciento reincide, asegura la abogada.
Nadie admite conocer el tránsito de los estupefacientes hacia el interior de los penales, pero la droga está ahí y su presencia es causa de todos los excesos, guerras internas e incluso violencia mortal, como bien saben desde las autoridades hasta las visitas.
Para atender esta problemática, la abogada señala “están ausentes el gobierno y la iglesia y a los sacerdotes se les ha olvidado la obra de misericordia de visitar a los encarcelados.”
Las enfermedades infectocontagiosas, como el SIDA y la tuberculosis, están presentes y actuantes en el penal de Aguaruto. Ahí, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA realizó los estudios y atiende a dos internos infectados por el síndrome.
Igual sucede en el caso de la tuberculosis, enfermedad de extrema pobreza y desnutrición. Así queda en evidencia la falta de un sistema sanitario en las prisiones sinaloenses.
Navolato y Escuinapa también comparten los males del penal de Culiacán. Las catorce cárceles que antes eran municipales y que ahora controla el gobierno estatal coinciden en tener sobre cupo y pésimas condiciones, precisa Murillo Monge.
Si bien la situación más dramática se manifiesta en los penales de Navolato y de Escuinapa. El primero está ubicado en el corazón del pueblo, frente a un mercado, en donde los internos no se fugan porque no quieren, pues prácticamente están en la calle.3
Cifras escalofriantes
En el 2005 han sido asesinados 12 internos, nueve de ellos en la cárcel de Aguaruto. Todos los crímenes son imputados a sicarios que cumplen órdenes de otros internos a cambio de dinero, es cotidiano que esos mismos sicarios se desempeñen como guardaespaldas.
La Fundación Emmanuel, que brinda apoyo a los internos y a sus familias en Sinaloa, señala que en el estado hay 18 cárceles que alojan a más de seis mil internos distribuidos en los Centros de Readaptación Social de Mazatlán -varonil y femenil-, Concordia -femenil-, Escuinapa -varonil-, Rosario -varonil-, y Culiacán -varonil-.
Al mes, esa agrupación atiende a dos mil 500 internos y a 250 familiares y cuenta con 13 voluntarios por equipo.
Fuga de celebridades
Con dinero todo es posible y al interior de los reclusorios es el dinero el que compra los privilegios, que van desde la plaza para vender drogas hasta las fugas premeditadas, como las de los célebres Manual Salcido Uzeta, alías el Cochi Loco, y de Miguel Ángel Beltrán Lugo, alías el Ceja Güera.
El primero se fugó vestido de mujer, y el segundo “se deslizó” por la barda perimetral y saltó a un terreno de siembra, tras cruzar el llamado “pasillo de la muerte”.
Para su fuga, Beltrán Lugo utilizó sábanas torcidas que nadie vio hasta que colgaban del alambrado. El muro tenía un pequeño agujero por el que resulta imposible que cupieran el Ceja Güera y sus “amigos”. A la salida los esperaba un vehículo que tampoco fue reportado por los custodios de las torres, no hubo un solo disparo. Cobijados por la noche y el silencio se fueron.
Tenía razón el gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando —ante la fuga de 11 reos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, sentenciados el 6 de mayo pasado— declaró que hechos como ese “pasan hasta en el reclusorios de alta seguridad”.
Por esos hechos se solicitó el arraigo de 43 ex servidores públicos y en junio se aplicó la misma medida cautelar para otros cinco. Las órdenes fueron concedidos por los Juzgados XIII y VI de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por los términos de 90 y 30 días, respectivamente.
Pero al no encontrar elementos que acreditaran su probable responsabilidad se ordenó el levantamiento de la medida cautelar de arraigo a 40 de los servidores públicos, a quienes aún se les investiga.
Sin embargo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra cinco servidores públicos que habían sido liberados, así como de otros ocho que aún cumplían la medida cautelar.
