Alberto Morones Información oficial revela la posibilidad de que exista tráfico de influencias por parte de Joaquín y Jesús Vega Acuña -líder estatal del PRI y ex secretario de Agricultura, respectivamente- para obtener apoyos económicos de los programas de desarrollo para el campo de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa)
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En Sinaloa, durante el anterior periodo de gobierno, encabezado por Juan Millán Lizárraga, los hermanos Joaquín y Jesús Vega Acuña, empresarios del sector agrícola y afanosos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), figuraron como los principales beneficiarios de los programas federales de apoyo al campo.
Derivada de una investigación realizada por el diputado panista, Guadalupe Carrizoza Chaidez, tan sólo en 2004 la delegación sinaloense de la Sagarpa, encabezada por Enrique Sánchez Cruz, otorgó apoyos del programa Alianza para el Campo a favor de la empresa agrícola Menfis S.A., propiedad de David Vega Márquez, proveedor de ese mismo programa e hijo de Jesús Vega Acuña.
En ese entonces, el hermano del actual líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, y padre del dueño de Menfis, se desempeñaba como titular de la Secretaría de Agricultura del gobierno del estado y mantenía una estrecha relación con Sánchez Cruz, lo que pronto generó sospechas sobre un posible “tráfico de influencias”.
La ardua investigación del diputado Carrizoza comprobó que familiares cercanos al líder priísta eran beneficiados desde las oficinas de la Sagarpa.
Además, según consta en documentos en poder de Contralínea Sinaloa, durante el último año de la administración de Juan Millán Lizárraga, la delegación de la Sagarpa autorizó un crédito por 300 mil pesos a la compañía Menfis, referenciado con el número 1969 y el dictamen UTOE-0586.
Éste no es un monto menor, pues mientras los pequeños productores, a quienes está dedicado el programa de apoyo a la actividad agrícola, sólo gestionan recursos para la compra de un tractor, David Vega Márquez solicitó y recibió dinero proveniente de las arcas públicas para la compra de tres tractores.
La solicitud de apoyo del dueño de Menfis revela que esta empresa justificó la petición de los recursos para iniciar un proyecto de producción de granos, por lo que requería adquirir una sembradora de cuatro surcos, una aspersora de 675 litros y tres tractores de 129 caballos de fuerza, cada uno. Dicho equipo significaría una inversión total de un millón 80 mil pesos.
De esta cifra, el sobrino del dirigente priísta recibió poco menos del 30 por ciento y, de acuerdo con el dictamen de la Sagarpa, de los 18 dictámenes aprobados sólo uno superó el monto otorgado a Vega Márquez, éste correspondió a Julio César Olivas quien recibió 350 mil pesos para la compra de maquinaria.
El 9 de mayo de 2005, el diputado Carrizoza Chaidez presentó ante la Secretaría de la Función Publica (SFP) una denuncia en contra el delegado estatal de la Sagarpa, Sánchez Cruz, por actos de corrupción. El legislador señala que, en este caso, se encontró un presumible conflicto de intereses pues Vega Márquez es proveedor del programa oficial denominado Alianza para el Campo. “Además de que a ninguno de los productores se les ha entregado apoyo para más de un tractor”.
En la denuncia, Carriroza Chaidez también notificó a la SFP otra irregularidad relacionada con el hijo del ex secretario de Agricultura. De acuerdo con el diputado, después de otorgar los apoyos que recibían de Alianza para el Campo, el delegado de la Sagarpa presionaba a los productores locales para que compraran tractores marca Massey Fergurson, cuya franquicia, por mera casualidad, era manejada por David Vega Márquez.
Oscuros antecedentes
Esta no es la primera vez que el círculo familiar de Joaquín Vega Acuña se beneficia con recursos públicos. De acuerdo con las auditorías al programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural, en 2003 el Centro de Acopio Lechero, propiedad de los Vega Acuña, representado legalmente por Tirso Robles Camargo, recibió apoyos por 329 mil 625 pesos.
Los recursos fueron asignados sin la verificación previa del avance de las obras de infraestructura y sin que, de acuerdo con la normatividad correspondiente, se levantara el acta de entrega recepción de ese apoyo.
El renglón “observaciones” del documento fechado el 15 de diciembre de 2003, que consigna los apoyos otorgados, revela que el grupo beneficiado directamente vinculado con el líder del PRI recibió el ciento por ciento de los recursos, pese a que no se cumplieron los requisitos previos.
Exoneración oficial
A pesar de las pruebas documentales aportadas por el legislador panista ante el Órgano Interno de Control en la Sagarpa, la SFP, conducida por Eduardo Romero Ramos, exoneró al delegado de Agricultura en Sinaloa. Inconforme por esta resolución, Carrizoza Chaidez advierte que la corrupción, el tráfico de influencias y el chantaje son más que evidentes, e informa que ya interpuso un recurso ante el secretario de la Función Pública para que se ordene una investigación seria y a fondo sobre el caso.
El diputado considera “inadmisible” la exoneración tan diligente que hace el titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Sagarpa, Juan José Herrera Laizaola, ante denuncias sustentadas con documentos probatorios sobre actos de irregularidades administrativas cometidas por Enrique Sánchez Cruz.
Para Guadalupe Carrizoza Chaidez es inconcebible que el funcionario de la SFP haya llegado a una conclusión en la que sólo se advierte la “ligereza y la clara intención de encubrir la actuación irregular del delegado de Sagarpa en Sinaloa”.
El diputado considera que con esta resolución se garantiza impunidad a los priístas dueños de un emporio ganadero y agrícola en el norte de Sinaloa, quienes encontraron en el “gobierno del cambio” a su mejor cómplice para beneficiarse con programas federales.
Irregularidades en Sagarpa
El legislador Guadalupe Carrizoza Chaidez recuerda que otra más de las actuaciones irregulares del delegado de Sagarpa, Enrique Sánchez Cruz -quien operó en beneficio de los hermanos Joaquín y Jesús Vega Acuña- fue la denuncia interpuesta por comuneros de La Labor, municipio de San Ignacio.
El diputado menciona que los comuneros denunciaron que algunos subordinados de Sánchez Cruz los obligaron a inscribir los recursos del Procampo Capitaliza en la empresa Nueva Visión, propiedad de Antenor Torrontegui Manjares, ex subdelegado de la Sagarpa en Sinaloa.
Carrizoza Chaidez refiere que, mediante engaños y falsificación de firmas de los productores, se le dio preferencia a la empresa privada Nueva Visión para que administrara los recursos del Procampo, aun cuando también existía como opción la Financiera Rural.
Nueva Visión cobraba 630 pesos por hectárea, más 150 pesos adicionales por el trámite, mientras que Financiera Rural exigía únicamente 740 pesos por la administración de todos los recursos.
Esta denuncia fue presentada por los productores José Ángel Zamora, José Luis Chávez y José de Jesús Chavarín Velázquez y atendida por María Guadalupe Soberanes Bojórquez, responsable del órgano interno de la Sagarpa se resolvió a favor de los primeros; sin embargo quedó archivada por la contraloría interna de esa dependencia.
Además, Enrique Sánchez Cruz y Januario de los Ríos, subdelegado de Sagarpa y ex dirigente municipal del PAN, han recibido una nueva acusación al descubrirse que ambos funcionarios han sido beneficiados indebidamente por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa, al asignarles dos camionetas de lujo Ford Lobo que les fueron entregadas fuera de la normatividad.
