Maquipo, corrupción e impunidad

Conocido en el municipio de Sinaloa de Leyva como el “Coyote del Maquipo”,

Manuel Valdez Burgos representa para 42 campesinos sinaloenses el más claro ejemplo de la impunidad que priva en esta entidad.

Y es que a un año y medio de que defraudó a los campesinos que le entregaron su cosecha cuando era presidente de la empresa Maquipo Unidad Industrial de

Productores, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Compartida, se pasea libremente sin que hasta el momento se hayan aplicado las 15 órdenes de aprehensión que la Procuraduría estatal libró en su contra.

Valdez Burgos resultó el candidato perdedor del PRI en el pasado proceso electoral para renovar las alcaldías.

Jesús Silvestre López Ramírez, representante de los 42 campesinos afectados asegura que la inacción de la Procuraduría de Justicia contra este coyote de la producción genera conjeturas y evidencias de protección al acusado.

Ante el vacío de autoridad, y la impunidad que se observa en la persona de Valdez Burgos, los pequeños productores del ejido las Presitas, el Terahuito, León Fonseca, Bamoa, el Maquipo y otras comunidades, piden un encuentro con el gobernador, para dialogar con él sobre el caso porque la Procuraduría sólo les ha prometido ayuda, pero sin resolver nada.

Valdez Burgos, a quien los campesinos le atribuyen un parentesco con el presidente de la Comisión del Congreso del Estado, Jesús Burgos Pinto -quien lo niega-, adeuda a los productores 7 millones de pesos.

En ese fraude también podrían estar involucrados directivos de las agencias de automóviles y de tractores.

Desde agosto de 2004, 3l grupos de campesinos defraudados presentó ante el Ministerio Público la denuncia contra Manuel Valdez Burgos. Sin embargo, para lograr la expedición de las órdenes de aprehensión han enfrentado múltiples vicios de procedimiento, entre ellos, documentos mal elaborados que generan retrasos en el proceso.

Las órdenes de aprehensión, explica el doctor López Ramírez, fueron expedidas por el juzgado de primera instancia de Sinaloa de Leyva en febrero de 2005, pero hasta ahora, Valdez Burgos continúa en libertad.

La situación de los afectados por el llamado “Coyote Maquipo” se agrava en virtud de que se trata de campesinos que en su mayoría pasan de los 70 años, y que contaban con los recursos que les adeuda Valdez para sobrevivir la temporada posterior a la cosecha.

Por otra parte, el daño se extiende a sus tierras, ahora ociosas porque carecen de financiamientos bancarios pues no estuvieron en condiciones de pagar oportunamente sus créditos y ahora permanecen en lo que se llama “cartera vencida”, una situación de la que sólo saldrán hasta que se liquiden los préstamos por el capital, así como sus intereses.

Cheques sin fondos

Desde que los productores recibieron los cheques con los que Valdez Burgos “les pagó” sus cosechas los casos marchaban bien; sin embargo al pretender hacer efectivos los documentos, los campesinos se encontraron con la terrible noticia de que sus cheques carecían de fondos.

Algunos de los campesinos incluso acudieron a las agencias de automóviles y a la distribuidora local de tractores John Deere para saldar deudas que tenían, pero ahí les retuvieron los cheques.

En este caso existen sospechas de que los directivos de la distribuidora estarían involucrados con el presunto defraudador, pues los afectados explican que, al retenerles los cheques sin fondos, esos documentos pararon en manos de Manuel Valdez, y de esa manera quedaron sin elementos para probar el timo.

A Valdez Burgos también se le relaciona estrechamente con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Pablo Moreno Cota, aspirante a una senaduría y hombre identificado con el gobernador del Estado.

Desde sus orígenes políticos, el “Coyote de Maquipo” contó con el respaldo de Moreno Cota, como en el caso de la creación de la empresa ejidal.

El escándalo frenó su carrera hacia la presidencia municipal de Sinaloa, pero al parecer eso no fue suficiente para lograr que se le aplique la ley, debido a que la presumible influencia del cacique de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en las instancias responsables de la procuración de justicia.

La justicia, aseguran los denunciantes, no es pareja en Sinaloa.

Como prueba exponen los campesinos el caso de Samuel Ramírez, un empresario ejidal de Los Mochis, detenido desde hace dos años en esa ciudad por el mismo delito que se atribuye a Valdez Burgos, aunque por una suma inferior: cuatro millones de pesos.

Ramírez aún permanece en prisión, “porque carece de los contactos de los que hace alarde el frustrado candidato a la alcaldía de Sinaloa”, señalan los campesinos.

Cabe señalar que en dos ocasiones Contralínea Sinaloa acudió al municipio de Sinaloa para solicitar una entrevista con Valdez Burgos. Sin embargo, éste no pudo ser localizado para que diera su versión sobre los cargos que se le imputan.

Cuando Contralínea Sinaloa preguntó sobre la actuación de la Procuraduría en este asunto, el procurador de justicia de Sinaloa, Luis

Cárdenas Fonseca argumentó que recibió la visita de los afectados y que llegó con ellos a un acuerdo para considerar sus denuncias: designar a un Ministerio Público para atender exclusivamente el caso.

El agente del Ministerio Publico asignado, de acuerdo con el procurador Cárdenas Fonseca, permaneció en el municipio de Sinaloa en donde atendió exclusivamente los planteamientos del grupo de ciudadanos. Como consecuencia de esa actividad se libraron algunas órdenes por las que los interesados llegaron a una negociación con el particular mencionado.

Cárdenas Fonseca asegura que se resolvieron algunos problemas, si bien admite que “otros más no tuvieron solución”.

En relación con el argumento de los ejidatarios de que Manuel Valdez Burgos goza de su libertad a plenitud, paseándose por la región, el funcionario comentó que a él, los interesados no le han expresado esa inconformidad.

Publicado: Noviembre de 2005