Robo de autos: complicidad y rezago

Durante los últimos cinco años el robo de vehículos en el estado de Sinaloa se incrementó, y entre 2004 y lo que va del 2005 se disparó hasta en 30 por ciento. Pese a la implementación del operativo “México Seguro” y otras medidas restrictivas, las autoridades federales y locales han fracasado en su intento por frenar este delito patrimonial.

Cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indican que desde el año 2000, las bandas de robacarros se han adueñado de poco más de 15 mil vehículos, lo mismo en las ciudades, que en la costa y la zona serrana.

Las corporaciones policíacas estatales y municipales no logran frenar ese problema que se agudiza porque prácticamente 80 por ciento de los automóviles robados carecían de un seguro contra robo.

Información proporcionada por la PGJE, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, demuestra que todas las policías del estado apenas recuperan 25 por ciento de los autos que se roban.

Del primero de enero hasta el 15 de octubre de este año las agencias del Ministerio Público recibieron denuncias por el robo de 3 mil 493 vehículos, en tanto que hasta el 25 de septiembre la Policía Ministerial del Estado (PME) sólo recuperó 576 de esas unidades, muchas de ellas desmanteladas.

Es significativo que este daño patrimonial no haya disminuido tras la puesta en marcha del operativo “México Seguro” cuya propaganda ofrecía más garantías a los ciudadanos.

Por el contrario, los resultados demuestran que los perpetradores de los robos de autos aumentaron sus acciones de mayo a octubre, actos que contrastan con las declaraciones triunfalistas de funcionarios estatales y federales, incluyendo al gobernador y a los responsables de la seguridad y procuración de justicia, que afirman que ese delito “va a la baja”.

Las cifras hablan por sí solas: al mes en Sinaloa, se roban por lo menos 320 vehículos, es decir, un promedio de 11 unidades al día.

Ciudades y modelos en riesgo

El departamento de investigación de robo de vehículos de la PME y documentos obtenidos por Contralínea Sinaloa, indican que los vehículos que eligen los robacarros son los de la marca Nissan, particularmente el modelo Tsuru.

Además, se hurta todo tipo de automotores: desde motocicletas, camionetas, taxis, hasta camiones de pasajeros, tractores e incluso, maquinaria pesada para construir. Los modelos van desde unidades de 1983 hasta último modelo.

Una observación de los lugares de donde se sustraen las unidades permite concluir que los delincuentes ya no operan en un sector determinado. En Culiacán actúan lo mismo en zonas residenciales, como La Campiña y Las Quintas que en otras más populares, como la Lázaro Cárdenas, El Humaya, la Sinaloa o La Rosales.

Un dato singular, que se desprende de los documentos que describen esta situación, es que la zona centro de Culiacán se ha convertido en los últimos cinco años, en la zona más insegura para los propietarios de autos y la más segura para los delincuentes. Hasta el 25 de septiembre en la capital culichi fueron robados dos mil 038 vehículos, es decir, más del 50 por ciento del total de carros robados en el estado.

Culiacán es el municipio donde más carros se han robado en el pasado lustro con 10 mil 301 vehículos, de los 15 mil 527 del total. Le siguen Mazatlán, luego Ahome, después Guasave y finalmente Salvador Alvarado. En todos esos municipios la constante es la misma: el robo de carros va a la alza.

Pesquisas fallidas

Ineficaces han resultado hasta ahora las investigaciones realizadas por las autoridades para contrarrestar el robo de carros en el estado. Lo mismo los operativos implementados por la federación y el gobierno estatal.

Aun cuando la PME afirma que son pocas las bandas de robacarros que operan en la entidad, también son pocas las que logra desmantelar. La forma de operación de esas agrupaciones consiste en trasladar, de inmediato, los vehículos robados a la zona serrana y a otras ciudades y estados cercanos.

El departamento de vehículos de la ministerial informó que la investigación para esclarecer ese tipo de delitos es lenta debido a que regularmente no hay testigos de los robos, lo que se suma a la falta de indicios hasta que se localiza la unidad, pero abandonada y desmantelada.

Por otra parte, información de la PGJE indica que los agentes ministeriales asignados a la investigación de ese tipo de delito no son más de 25. Al número tan reducido de esa fuerza se agregan los bajos sueldos y la colusión entre policías y robacarros. De acuerdo con información de la Procuraduría, tan sólo en el último año diez funcionarios -entre agentes, peritos y Ministerios Públicos-, han sido dados de baja por su supuesto involucramiento en el robo de autos.

Entre los casos más sobresalientes destacan: la detección de un ministerial, quien a la vez dirigía una banda de robacarros que operaba en la ciudad en colusión con mecánicos y “cholos”. También, la participación de un alto funcionario de la PGJE, encargado de un área de sistemas quien borraba el registro de carros robados para evitar que fueran detectados cuando circularan en las calles.

En el primer caso existe una orden de aprehensión vigente contra el ministerial, y contra el ex funcionario de sistemas hay un proceso penal abierto.

Otro dato que pone en evidencia la poca eficacia para investigar el robo de carros en Sinaloa son las averiguaciones previas que se consignan a los jueces. De tres mil 493 expedientes abiertos por ese delito, sólo 210 se han turnado a los Juzgados, y de esos, las autoridades sólo lograron librar 94 órdenes de aprehensión

En esa dinámica de incompetencia se explica porqué hasta la fecha la PME sólo ha logrado capturar a 67 de esos presuntos robacarros y a otros 185 en flagrancia delictiva.

Con tan magros resultados es evidente que la lucha contra el robo de carros en Sinaloa, es, como la lucha contra el armamentismo y el narcotráfico, una materia pendiente para la seguridad pública y procuración de justicia de esta entidad.

Publicado: Noviembre de 2005