Nancy Flores La SFP ya investiga a los funcionarios y ex funcionarios de la delegación del Infonavit en Sinaloa por el supuesto fraude cometido en contra de más de 2 mil derechohabientes.
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El fraude cometido en contra de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Sinaloa, que se calcula en 650 millones de pesos (Contralínea 9), ya es atendido por las autoridades a nivel nacional, informa en entrevista el subdirector general de delegaciones de la dependencia, Víctor Pérez Orozco.
El servidor público señala que, para deslindar cualquier responsabilidad de los funcionarios y ex funcionarios, la delegación estatal ya es investigada por el órgano interno de control del Instituto, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.
Pérez Orozco se compromete a llegar hasta el “fondo” del asunto; incluso, dice, el propio Cuauhtémoc López Montes de Oca, ex delegado en Sinaloa y ex trabajador de la dependencia desde finales del año pasado, también forma parte de la indagatoria.
El funcionario detalla que el asunto es herencia de la pasada administración: “es un caso que data de 1999” y que se trata de 2 mil 900 familias afectadas en seis municipios: Culiacán, Ahome, Guasave, Guamúchil, Elota y Mazatlán.
Pérez Orozco explica que los 650 millones de pesos no es una cifra oficial, pues en tanto no se concluyan las investigaciones no se puede hablar de fraude. Sin embargo, acepta que ya se han descubierto casos en los que definitivamente no se puede rescatar la inversión, como el de OGLA, la empresa de Marco Antonio Barroso Morales, quien se desempeña como director de la Unidad de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo del gobierno estatal.
El subdirector general de delegaciones deslinda al Infonavit de los incumplimientos de contratos en los que han incurrido las 12 empresas involucradas (PERSA, SINCON, SINTEK, DIVISA, GENCO, COMASA, SAGRI, CANSA, CODENO, GRIZ, OGLA y CASLO), al especificar que los créditos de los afectados corresponden a la llamada “línea III individual”, en la que son los propios usuarios quienes deciden a qué empresas contratan.
El esquema, que representa menos del 5 por ciento del total de créditos otorgados por el Infonavit, permite al derechohabiente elegir y contratar al constructor, este último se responsabiliza de la edificación de la vivienda.
De acuerdo con el funcionario, aun cuando el Instituto no tiene responsabilidad, se está trabajando en dos vertientes: la firma de contratos para intervenir las obras inconclusas y la atención directa al derechohabiente afectado, a quien se le ha suspendido temporalmente el cobro de la mensualidad hasta que no se le entregue la casa.
Pérez Orozco especifica que ya se han instalado mesas de diálogo en las que participan los constructores y los perjudicados. El compromiso de la institución es que ninguna familia pierda su patrimonio, afirma. El 22 de febrero pasado quedaron instaladas las mesas de atención a los sinaloenses afectados, en las que se ofrecen alternativas para solucionar caso por caso.
