Juan Carlos Cruz / Alberto Morones
El despido de 132 elementos de la Policía Ministerial del estado más que alentar, pone en duda la lucha de la PGJE en contra de la corrupción policiaca: ninguno de ellos era o es investigado por vínculos con la delincuencia organizada. La mayoría fueron corridos por “viejos y panzones”
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La supuesta lucha por sanear a la Policía Ministerial del Estado (PME) de todos aquellos elementos coludidos con grupos criminales que operan en la entidad, principalmente con narcotraficantes, quedó en entredicho con el reciente despido de 132 elementos: ninguno de ellos era o es investigado por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha fincado responsabilidad sobre delito alguno, ni ha abierto averiguación previa alguna en contra de esos elementos. Ni siquiera una amonestación.
José Antonio Figueroa Sánchez, director del Centro Estatal Anticorrupción Policial, confirmó que ninguno de los agentes expulsados tiene expediente abierto en dicho organismo por actos de corrupción, complicidad con el crimen organizado o abuso de autoridad. Por el contrario, algunos de esos elementos realizaron actividades o participaron en acciones que en su momento fueron premiadas o reconocidas hasta por gobernadores.
Es el caso de Miguel Verdugo Gutiérrez, quien con 29 años dentro de la PME y con 48 como policía, tiene entre sus acciones heroicas el haber capturado a Miguel Ángel Beltrán Lugo, alias “el Ceja Güera”, y a Rafael Vidales Torres, alias “el Cuatro Vientos”.
El “Ceja Güera”, un peligroso secuestrador y narcotraficante, fundador de la famosa banda de “Los mochadedos”, fue detenido por Verdugo Gutiérrez el 17 de abril de 1991 en Los Mochis. Beltrán Lugo, famoso por sus acciones delictivas y por la fuga masiva que organizó meses después de su arresto, fue ejecutado finalmente hace un año en el penal de máxima seguridad de La Palma.
Por su parte, Rafael Vidales, también capturado por el ahora ex comandante Miguel Verdugo, era conocido por carterista y, según dicen, era tan diestro con las manos que un día le robó la cartera al mismísimo presidente Adolfo Ruiz Cortinez.
Sin embargo esas acciones no le valieron de nada a Miguel Verdugo, quien a sus 67 años sólo esperaba uno más para jubilarse. Por esas acciones y por toda su carrera de policía, el procurador justificó el despido de este valioso elemento con la indemnización por sólo 22 mil pesos.
Otro de los agentes despedidos por el procurador fue la viuda del agente Antonio Arias, muerto al enfrentar al máximo jefe del Cártel de Tijuana, Ramón Arellano Félix, el 10 de febrero de 1994 en Mazatlán.
La viuda del agente que enfrentó al capo fue integrada como cocinera en la PME de Guamúchil, como medida para apoyarla y para que pudiera mantener a sus hijos. Ella también fue despedida “por pérdida de confianza”.
Otro caso es el de los agentes ministeriales, Jorge Inzunza Sánchez y Víctor López Vejar, quienes desde hace 20 años estaban asignados a la Cruz Roja para proteger al personal y realizar las primeras investigaciones en caso de accidentados o personas baleadas.
Personal de la benemérita institución, desprotegida desde el despido de los agentes, afirman que los ministeriales no tomaban para sí ni siquiera una aspirina o un curita.
Al más puro estilo caciquil y mostrando sus dotes de terrateniente, el procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, se deshizo de los elementos que ya no reunían los requisitos para estar dentro de la corporación policiaca “por pérdida de confianza”.
Ausencia de credibilidad
Más que una medida para limpiar la deteriorada imagen de corrupción que arrastra la PME desde el sexenio de Juan S. Millán, el despido de los agentes ha sido visto por varios sectores de la sociedad sinaloense como una medida mediática y espectacular, pues a ninguno de los agentes desalojados se le investiga por algún presunto nexo con grupos criminales, reclamo generalizado de la sociedad.
Francisco Javier Uribe Maldonado, ex presidente de la Federación de Abogados, considera que la supuesta limpia de la que habla el procurador es más bien una “faramalla”, puro mitote. El procurador está obligado a demostrar en qué consistió la supuesta pérdida de confianza hacia los agentes que están siendo cesados después de muchos años de servicio, afirma.
“¿Qué acaso la pérdida de confianza nada más se da en los elementos de tropa?, ¿qué pasa con la pérdida de confianza a Zarco Bernal, el ex director de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quien tenía alquilados a un grupo de policías para que cuidaran a un presunto narcotraficante?”, pregunta Uribe Maldonado.
Y es que Zarco Bernal aún figura en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública en calidad de asesor.
Armando Malacón Llanes, secretario del Frente contra la Impunidad, dice que con esa forma de actuar el procurador Luis Cárdenas Fonseca se convierte en un símil del “mataviejitos” en Sinaloa.
Muchas son las opiniones que afirman que mientras el procurador se deshizo de los agentes “viejos y panzones”, al interior de la PME siguen operando decenas de agentes y Ministerios Públicos señalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de practicar tortura, detenciones arbitrarias, allanamiento de morada y, lo más grave, aquéllos que siguen estando al servicio del narcotráfico. A esos, la PGJE no les perdió la confianza.
El perfil de los policías
Un análisis de los agentes despedidos por el procurador Cárdenas Fonseca indica que entre éstos se encuentran cocineras, agentes que estaban asignados a la vigilancia del Congreso del Estado, de la Cruz Roja, personal de radio, entre otros.
La mayoría tenían de 15 a 25 años de antigüedad, a muchos sólo les faltaban unos cuantos años para jubilarse, y ninguno de ellos ocupaba un puesto clave en la corporación que se encarga de investigar los crímenes registrados en la entidad.
Además entre los despedidos existen 17 agentes que tienen más de 50 años de edad; nueve de 45; y tres mujeres.
Por ello, la sociedad sinaloense advierte que la medida tomada por el procurador, más que depurar la corporación de malos elementos, buscó ahorrarle al gobierno varios millones de pesos en jubilaciones.
La mayoría de los ministeriales despedidos se negaron a firmar la renuncia e iniciaron una serie de marchas y plantones para protestar contra la medida impuesta por el otrora poderoso agricultor, convertido por el gobernador Jesús Aguilar Padilla, en procurador de justicia.
Corruptos y narcos a salvo
Durante el sexenio de Juan S. Millán Lizárraga se agudizó la sombra de la corrupción sobre la PME. El primer dardo lo lanzó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega, tras la detención de Javier Torres Félix, ocurrida el 27 de enero del 2004.
Ese día el general afirmó que “JT” era el lugarteniente de Ismael “El Mayo Zambada”, líder del cártel de Sinaloa, y que era el encargado de comprar la protección de policías de Durango, Sonora y Sinaloa.
Sin embargo, no fue sino hasta meses después cuando la cloaca terminó por destaparse al quedar en evidencia la protección que brindaban policías ministeriales y estatales del sexenio millanista a integrantes de los cárteles de Sinaloa y de Juárez. Muchos de esos jefes policiacos aún andan a salto de mata. Y otros, aún cobran en las nóminas de gobierno
