Alberto Morones Rivas
Tras las severas críticas lanzadas contra la Comisión Estatal para el Acceso a la Información (Ceaipes), su presidenta propone medidas de apremio en contra de funcionarios públicos que indebidamente nieguen el acceso a la información, además De la Rocha coincide con la propuesta lanzada por periodistas de Sinaloa para reformar la Ley
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A cuatro años de la creación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ceaipes), la asignatura pendiente más importante en materia de transparencia de la administración pública es la reforma a la Ley de Acceso a la Información. Sólo con modificaciones legislativas se eliminarán las trabas y obstáculos jurídicos, y se establecerán sanciones precisas para los funcionarios que se niegan a entregar la información que están obligados a proporcionar.
Al salir al paso a las críticas que a últimas fechas se han vertido contra la Ceaipes y su persona, la comisionada presidenta de dicho organismo, Dorangélica de la Rocha Almazán, habla de los retos de la Institución, y asegura que en lo fundamental ella “abraza” las propuestas contenidas en la iniciativa de reformas a la Ley de Acceso que un grupo de periodistas presentó ante el Congreso del estado.
-A cuatro años de haber sido fundada la Ceaipes y al margen de las críticas que son calificadas como “grilla” política por el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida, ¿cuáles son los retos en materia de acceso a la información pública?
“Entre los retos está penetrar más en la sociedad civil, en los organismos intermedios y, sobre todo, en los hogares, es decir, entre las amas de casa y estudiantes de escasos recursos que desconocen cómo acceder a las becas o programas sociales, que en ocasiones benefician a gente que realmente no los necesita.
“Otros retos que tendremos que superar, aparte del impulso a la reforma de la Ley de Acceso a la Información, son la consolidación del Centro de Investigación; la asimilación, por parte de las entidades públicas y de los funcionarios, de que la información es del pueblo, y la publicidad de la declaraciones patrimoniales -cuya divulgación ya existe en la página Web de la Ceaipes- respecto de sus funcionarios”.
-¿Qué se piensa hacer para fomentar la cultura del derecho a la información entre la ciudadanía?
“En una primera etapa, a partir de la segunda quincena de agosto, visitaremos las sindicaturas de Culiacán para difundir la Ley de Acceso a la Información Pública, y para ello instalaremos un stand itinerante mediante el cual se dialogará con los habitantes sobre las bondades de esta herramienta jurídica y sus beneficios en la vida diaria de los ciudadanos. Ahí mismo recibiremos solicitudes de información.
“La idea es establecer estos módulos informativos en las oficinas de las diferentes sindicaturas de Culiacán, visitar escuelas y luego llevar el programa al resto de los municipios del estado”.
-Eso tiene que ver con la socialización de la Ley, pero hablando de los servidores públicos, ¿qué se está pensando hacer para que los funcionarios tengan los escrúpulos para entregar la información que por Ley están obligados?
“Independientemente de concientizarlos, en la iniciativa de reformas a la Ley que estamos por presentar ante el Congreso estatal, planteamos medidas de apremio para los funcionarios que violen la Ley. Incluso somos de la idea de que los funcionarios no exijan credencial de elector porque eso intimida a la gente: nosotros proponemos que ellos respondan las solicitudes que se hagan vía Internet, como ya lo viene haciendo la Ceaipes.
-En cuanto a los mecanismos para que los particulares se inconformen cuando no les satisfaga la respuesta que les da la Ceaipes, ¿qué se está planteando?
“Aunque ya se establece que la Comisión es la última instancia para el caso de las entidades públicas, lo cierto es que en relación con el particular la Ley habla de que pueden acudir a otras instancias locales, pero no específica a ninguna, por lo tanto nosotros estamos proponiendo que se señale en la misma Ley que la última instancia para ello sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
-¿Qué otras leyes se van a requerir reformar, e incluso crear, para terminar con los vacíos que existen y la discrecionalidad que se permite en la actual Ley?
“Aparte de las reformas que estamos planteando se va a requerir reformar otras leyes, como por ejemplo la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que es la única del país que permite reservar toda la documentación fiscal, es decir copias, de facturas y pólizas. Y lo grave es que nuestra Ley de Acceso a la Información nos remite a otras leyes locales que reservan información. La verdad es que si de verdad queremos una reforma de vanguardia, debemos analizar todo el marco jurídico sinaloense para evitar que choque con nuestra Ley”.
La comisionada presidenta del primer organismo para el acceso a la información pública creado en el país, puntualiza que además de todo ello, es posible que la creación en Sinaloa de la Auditoria Superior del estado venga a solucionar parte de estos problemas: “esperamos y nos permita una mayor apertura informativa. Sin dejar de lado que siguen pendientes la creación de las leyes de Archivos Públicos y de Datos Personales”.
De la Rocha Almazán prefirió reservarse su opinión respecto al comentario que se hizo en la columna “Bajo reserva” del periódico El Universal, en el sentido de que en Sinaloa funcionarios locales usan a periodistas para, tras mano, frenar la tarea de la Comisión de Acceso a la Información.
“La idea es establecer estos módulos informativos en las oficinas de las diferentes sindicaturas de Culiacán, visitar escuelas y luego llevar el programa al resto de los municipios del estado”.
