Carmen Aída Sierra
Veintidós casas y 21 vehículos destruidos en Zazalpa en represalia por el homicidio de Rosario Angulo Soto "El Bitache", constituyen el saldo de un “Estado desarticulado”, afirma Diego Valadés Ríos.
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En un abierto desafío a las autoridades estatal y federal, la delincuencia se abre paso en Sinaloa. Si el escenario local ya era sombrío -pues sólo durante este año han ocurrido más de 530 homicidios dolosos- ahora la delincuencia organizada opera a través de comandos armados con decenas de integrantes que atacan poblados, en un abierto desafío a las autoridades.
Ante ese escenario, el doctor Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma, declaró que el Estado no ha sido rebasado, de ser así, “aceptaríamos que el Estado sería el narcotráfico. Si hay un poder superior al del Estado, ese es el propio Estado”, precisó.
La declaración del jurista ocurrió en el marco de la destrucción de una veintena de casas en el pueblo de Zazalpa, municipalidad de Mocorito, a manos de un comando integrado al menos por medio centenar de atacantes, el 12 de noviembre. Los antecedentes de esta crisis de gobernabilidad y de seguridad pública en Sinaloa son los siguientes:
De acuerdo con la información recabada de la delegación Sinaloa de la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo el caso iniciando de Zazalpa en la averiguación previa AP/SIN/GUAM/195/06, contra quien o quienes resulten responsables del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por los incendios provocados por un grupo armado en las comunidades de Zazalpa, Comanito y Chicorato, pertenecientes al municipio de Mocorito, Sinaloa.
Tras abrir la indagatoria correspondiente, la PGR dio aviso a la Unidad Especializada en la Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Pese a ese trámite necesario, la Policía Ministerial del estado no ha registrado ningún avance en la búsqueda de los cincuenta gatilleros comandados, supuestamente, por una mujer que conforme a la versión de los pobladores, lanzó el reto: "¡Si quieren vayan con Aguilar!" (el gobernador de Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla).
El otro supuesto atacante sería José Luis Angulo Soto, conocido como “Luisón” o “El Niño”, de quien se dice, tomó por asalto la madrugada del miércoles 15 de noviembre, el poblado de Zazalpa, Mocorito, lanzando ráfagas con armas de alto poder, al mismo tiempo que sus seguidores prendieron fuego a veinte viviendas, mataron ganado e incendiaron vehículos.
Todas las viviendas fueron totalmente destruidas, al igual que las pertenencias de sus moradores. Afortunadamente no se registraron desgracias personales, ya que los propietarios, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, lograron salvar sus vidas al decidirse a huir con apenas lo que traían puesto. En cambio los daños patrimoniales que sufrieron estas familias, son cuantiosos.
De acuerdo con diversas versiones, esos hechos tuvieron como móvil la venganza por la ejecución de Rosario Angulo Soto (El Bitache), hermano de José Luis Angulo. Ese crimen habría ocurrido supuestamente a manos de un individuo conocido como "el Güero Rostros", a quien el Bitache fue a buscar a Comanito, para darle muerte.
En una primera información que proporcionó la Policía Ministerial (PM), difundida por la PGR, en esa incursión José Luis habría llevado bajo su mando a varios pistoleros. El Güero Rostros se enfrentó contra ellos a balazos y logró matar a su acérrimo enemigo con dos balas que le penetraron en la cabeza y en consecuencia murió en el trayecto hacia la Cruz Roja del poblado Pericos.
La grave dimensión de estos hechos suscitó que el diputado Guadalupe Robles, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), anunciara que el 28 de noviembre, durante el análisis del informe del gobernador Jesús Aguilar Padilla ante el Congreso del Estado, ese grupo parlamentario abordaría ese delicado asunto.
El legislador panista preguntó la razón por la que ninguna persona se percató de la presencia de este numeroso grupo de gatilleros, “cuando los poblados arrasados están a menos de veinte minutos de la sindicatura de Pericos, donde supuestamente hay destacamento policíaco”.
El ejecutivo sinaloense, que rehusaba hacer cualquier declaración sobre el ataque masivo en Zazalpa, fue de nuevo inquirido durante la inauguración de la tradicional Feria Ganadera de Culiacán. Finalmente accedió a responder al término del desfile y admitió que son insuficientes los márgenes de coordinación federación-estado. Consideró sin embargo, que “es imposible que se establezca una operación similar a la Operación Cóndor que actuó en los años 70, por los muchos hechos registrados de violación a los derechos humanos”.
A su vez, de frente a la masacre de Zazalpa, Óscar Loza Ochoa, presidente de la oficial Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en entrevista sentenció que la sociedad de Sinaloa “es rehén de la violencia y de la inseguridad”.
“Dejaron que se fueran”
Los gatilleros venían armados "hasta los dientes" tiraban granadas al interior de las casas y la gente corría para salvar la vida al tiempo que aumentaba el estruendo. Repentinamente, “la comunidad de Zazalpa se convirtió en un campo de guerra", señalaron los pobladores con lágrimas en los ojos, mientras señalan las viviendas quemadas y los vehículos arrasados.
“Una mujer -indicaron algunos de los pobladores- ejercía el liderazgo de la gavilla”, daba órdenes al grupo de sicarios y con lenguaje soez lanzaba improperios a los pobladores. Otras versiones agregan que en un momento de la invasión, esa misma mujer lanzó a gritos un desafío abierto al propio gobernador a través de esta frase: "¡Ya le dimos en toda a Zazalpa. Ahora si quieren, vayan con Aguilar!"
En medio de la cortina de humo que se extendió con las explosiones, surgieron las ráfagas de metralla, y al grito de "¡Sálvese quien pueda!" los pobladores no encontraron otra forma de salvar sus vidas, que "arrancar para el monte", recuerdan los testigos de ese asalto.
Autos abandonados
Diez días después del asesinato de Rosario Angulo Soto (El Bitache), ocurrido el domingo 12 de noviembre, y seis días después del asalto a los poblados de Chicorato, Comanito y Zazalpa, por cincuenta hombres enmascarados, los pobladores encontraron en medio del monte, en las inmediaciones de Guamúchil, tres vehículos. Dos de ellos con burbuja, “como las que utiliza la PM”.
En esos autos se habría transportado el grupo de sicarios que en busca de venganza atacó a los poblados de Comanito, Chicorato y Zazalpa, al disparar metralletas contra viviendas y vehículos, sembrando el pánico y el terror entre los habitantes. La comunidad de Zazalpa quedó prácticamente arrasada.
Tres de los vehículos que presuntamente fueron utilizados por el comando armado fueron localizados por la Policía Ministerial en las proximidades de Guamúchil, en una zona enmontada, a escasos trescientos metros de la carretera Internacional. Fue a la altura del kilómetro 92 de la carretera México 15, en el tramo Culiacán-Guamúchil, a unos 10 kilómetros de esta última ciudad, donde al filo de las 10:45 horas del miércoles posterior a los hechos, que un grupo de agentes ministeriales encontró los vehículos.
El hallazgo se reportó de inmediato a la PGJE, que desplegó personal pericial e investigadores en la zona. La Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que se trata de tres camionetas: una Nissan doble cabina, una Silverado y una Cherokee. Dos de esos vehículos poseen burbujas rojas, característica semejante a la de vehículos oficiales.
Se trata de una camioneta pick-up, marca Chevrolet azul tipo Silverado, modelo 2000, placas TW-51324; así como de una Gran Cherokee gris, modelo 2004, placas VHW-4045, con una torreta roja; así como una camioneta Nissan negra, de la línea Titán, doble cabina, modelo 2005, placas TW-22238, también con burbuja policíaca.
Una vez que las unidades fueron minuciosamente inspeccionadas por personal de la Dirección de Investigación Criminalística, así como forenses y peritos, se encontraron evidencias que indican fueron utilizadas por el grupo armado que devastó los poblados de Chicorato, Comanito y Zazalpa.
Los presuntos conductores de esas unidades serían el “Güero Rostros” y sus sicarios.
La otra versión del Comisario
La mañana del 17 de noviembre, efectivos del Ejército mexicano retiraron la vigilancia que mantenían en el poblado de Zazalpa desde el día de los hechos. Sin ofrecer explicación a la comunidad, los quince militares que presumiblemente garantizaban la seguridad de esa población, se retiraron. Lo mismo ocurrió con los seis miembros de una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, quienes manifestaron que iban de pasada y que en un rato más se retirarían, comentó uno de los habitantes.
Luis Salazar Rodríguez, comisario del lugar, explicó que los elementos castrenses le informaron que les habían dado órdenes de retirarse del lugar y que “si pasaba algo” les hablaran por teléfono. "Tenemos miedo, nos están dejando solos las autoridades. Ya nomás quedamos 10 personas en el pueblo, porque todos se están saliendo por el temor que los gavilleros regresen”, manifestaron.
También temen hasta acudir ante el Ministerio Público a poner la denuncia para que se agilice la reparación de los daños patrimoniales que sufrieron.
Por otra parte, Salazar Rodríguez señaló que desde la fecha del ataque por el comando en Zazalpa, Comanito y Chicorato, la sensación de inseguridad era tan grande, que elementos del Ejército mexicano arribaron a esos poblados.
El problema se llama anomia
El doctor en derecho Diego Valadés se encontraba en Culiacán, la capital estatal, invitado para dictar una conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAS. Entrevistado para que manifestara su opinión con respecto a la ola de ataques perpetrados por grupos de delincuencia organizada, reafirmó que el Estado no ha sido rebasado, sino que está en crisis, está desarticulado.
“El problema que estamos viviendo es lo que en el orden doctrinario se llama anomia, es decir, la pérdida del valor del derecho en las relaciones sociales”. Subrayó que este fenómeno “lo vemos en todo el país, y se debe a una enorme y grave crisis institucional en la que los responsables son, fundamentalmente, la administración federal que está por concluir y las dos legislaturas anteriores”.
El experto jurista agregó que “los dos poderes no supieron encontrar los términos razonables de reforma institucional en el país, dejaron que se debilitara el orden constitucional, el orden legal y el sistema político. Claro que a río revuelto ganancia de pescadores”. Enfatizó el doctor Valadés, que en el caso de los poblados sinaloenses agredidos, “está tan revuelto el río del Estado, que quienes están usufructuando esta situación son los delincuentes”.
Por esa razón, confió en que “una vez que el Estado encuentre su rumbo -espera el catedrático e investigador social que no transcurra mucho tiempo- disminuirá la comisión de delitos” en esta entidad.
