Carmen Aída Guerra
La extrema violencia que se vive en Sinaloa ha motivado que el general Sergio Aponte Polito, recién nombrado comandante de la Novena Zona Militar, critique la desatención del gobierno estatal y la corrupción que se manifiesta en el interior de las instituciones de seguridad y procuración de justicia
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Al cierre del primer ejercicio del gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005), Sinaloa encabeza los índices de asesinatos en México y en América Latina. El estado se encuentra a sólo tres homicidios para alcanzar los 600, de los que por lo menos 13 se cometieron en el interior de los penales -donde se supone está prohibido tener armas-.
Aquella conocida frase de “es normal” que se le imputó a Jesús Aguilar Padilla, cuando se refirió a los altos índices de violencia en el estado, ahora es motivo de una severa crítica lanzada desde las filas militares que operan en la región. El “regaño” viene del general Sergio Aponte Polito, actual comandante de la Novena Zona Militar.
En reunión con los altos mandos del gabinete de seguridad del estado, el general señaló: “un día normal debe ser aquél en que no se presentaran muertos en hechos violentos. Eso sería lo normal, eso nos llenaría de orgullo y satisfacción. Pero para poder evitar esos males debemos, primero, autoanalizarnos y darnos cuenta si lo que estamos realizando está bien. Que no se tome como normal la comisión de los delitos, sobre todo los violentos: asesinatos, secuestros, robo de vehículos, porque sabemos que las autoridades tienen conocimiento de cuáles son las bandas delictivas”.
La alusión a la corrupción en el interior de las instituciones de seguridad y procuración hecha por el militar Aponte Polito es clara. Sus palabras fueron escuchadas por el procurador Luis Cárdenas Fonseca, el secretario de Seguridad Pública Ernesto Cebreros Murillo y el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Carlos García Félix.
Pero los vínculos con la delincuencia y la corrupción también alcanzan a la milicia. Apenas 72 horas después de que Aponte Polito criticara la violencia y la corrupción imperante en las corporaciones policíacas, cuatro subtenientes en activo participaron en un secuestro.
La madrugada del domingo 11 de diciembre, en calles céntricas de esta capital, los militares realizaron disparos sin fijar objetivos, pero con la finalidad de intimidar a su víctima: un joven conductor de un automóvil “Attos”, a quien encañonaron y le obligaron a circular por donde ellos le indicaban.
Con el arma en la sien, el joven fue amenazado de muerte si detenía el auto. De ser preciso chocarían, decían los militares. Testigos de estos hechos llamaron al teléfono 066 para denunciar lo ocurrido. Luego de una persecución por parte de la policía municipal y de un grupo de taxistas que fueron en su apoyo, se logró la detención de los subtenientes en activo: Adán Rojas Murguía, Marcelo Juárez Bustos, José Silverio Sierra y José Miguel Ramírez Zárate.
Al momento de su aprehensión los militares portaban dos pistolas: una calibre 45 y otra 380. Los responsables del secuestro “exprés” fueron llevados a la séptima agencia del ministerio público y tras pagar una fianza, cuyo monto no fue difundido, quedaron en libertad.
Declaraciones incómodas
Tres días antes de que ocurriera el secuestro del joven, el 8 de diciembre pasado, el general Aponte Polito declaró que no es posible que en Culiacán se permita que se viole la ley y que con ello se estimule la violencia local. “Me da tristeza ver los famosos arrancones que se pasan los altos y no hay una acción correctiva, que circulen en sentido contrario, que no traigan cinturón de seguridad, que ingieran bebidas embriagantes en el interior de los vehículos”.
Para el comandante, entre las principales causas que motivan a los policías a violentar los reglamentos destacan la falta de cuidados, de prestaciones y de capacitación -responsabilidad de los altos mandos-. “Si un elemento es bien pagado y además cuenta con la preparación, adiestramiento y equipo, no tiene necesidad de incurrir en malas acciones, como proteger a delincuentes u organizaciones relacionadas con el narcotráfico”.
En la reunión con el gabinete de seguridad, el militar expuso su preocupación por el daño que está ocasionando a la juventud la venta de drogas en las escuelas: “Me sorprende que hasta en las primarias se esté envileciendo a nuestra niñez, eso es motivo principal para combatir a los malos mexicanos que se están enriqueciendo a base de la salud y la moral de nuestra sociedad”. Por ello, Aponte Polito sugirió que “debemos de darle un cambio a Sinaloa”.
Tras las severas observaciones, el gobernador Jesús Aguilar Padilla reconoce que “las corporaciones policíacas no están blindadas al ciento por ciento”, pero aclara que ya se trabaja para mejorar y descubrir la ilegalidad.
Sobre las afirmaciones del general Aponte Polito de que debe conformarse una coordinación real entre las corporaciones policíacas, el gobernador señala que “son sugerencias muy positivas, que cada ocho días se platican porque existe la voluntad de los tres niveles de gobierno para mejorar”. Y advierte que los señalamientos del general “no obedecen a un regaño: la coordinación es una coordinación muy virtuosa y cada nivel de gobierno tiene sus atribuciones”.
Consultado en Guasave por la prensa local, Aguilar Padilla prefiere dejar atrás su afirmación de que los homicidios son “normales” en Sinaloa -declaración que fue ampliamente difundida por la televisión nacional- y precisa que “quedó claro en su momento”.
El gobernador Jesús Aguilar Padilla revela que su administración cuenta con un plan estratégico: “Un plan con inteligencia policial e investigación para tener mayores resultados y eficiencia en la prevención de los delitos aquí en Culiacán”.
Reacciones exacerbadas
Ante las críticas hechas por el recién nombrado comandante de la Novena Zona Militar, el presidente municipal de Culiacán, Aarón Irízar López, señala que “es fundamental mitigar los índices de inseguridad que lastiman a la sociedad, para lo cual hay que trabajar con toda la fuerza posible, pero siempre apegados al marco de la legalidad”.
Para la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo de Esquer, conocida por sus duras declaraciones sobre la violencia, es vergonzante para el gobierno del estado el extrañamiento que hizo el general Sergio Aponte Polito a las autoridades. La activista repudia que al concluir el 2005, en Sinaloa ya casi se han cometido 600 ejecuciones, 38 de las cuales han sido contra mujeres.
“Gracias general porque los que continuamente denunciamos las fallas e irregularidades de los servicios de seguridad, al tiempo, también somos rutina para las autoridades. Gracias, general, por aclarar tan sencilla y claramente lo que sería un día normal con estas palabras: un día normal debe ser el día que no haya muertos por hechos violentos en Sinaloa. Eso sería un día normal. Y gracias general por recordarles los vicios, como la corrupción y la ineficiencia, ya que a fuerza de verlos con tanta frecuencia en las corporaciones policíacas, los vemos como normales cuando son totalmente anormales y deberían ser la excepción, no la regla”, dice Murillo de Esquer.
Carlos García Félix, titular de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública expresa que “el general Sergio Aponte Polito está en lo correcto al regañar, pero él también debe participar no nada más con regaños, sino con actuaciones directas, porque él es el comandante de la Novena Zona Militar y en un ejercicio de autocrítica, el regaño también le tocaría a él”.
El funcionario agrega que Aponte Polito pone el dedo en la llaga, “pero creo que no nos debe dejar solos porque el ejército es parte de la coordinación (para atacar) los delitos que son de jurisdicción local y federal”.
Pero no todos toman como positivas las declaraciones del general. Arturo Tapia Lizárraga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, señala que, dado que la gran mayoría de los actos de violencia que se padecen en Sinaloa son del orden federal, el ejército mexicano también forma parte de ese problema.
Para el empresario si no se hace una autocrítica, las declaraciones del general Sergio Aponte Polito sobre la aplicación de la Ley en forma irrestricta resultan vacías, ya que en el ejército, como en todos los ámbitos sociales, hay corrupción e impunidad.
“Mi General Aponte escupe para arriba, porque es parte del problema, porque la gran mayoría de los actos violentos que se padecen en la entidad, son del orden federal y es él, precisamente, quien está encargado de resolver esos problemas, entonces él es parte del problema que está criticando y si a esto le agregamos que no propone acciones o soluciones me parece algo completamente vacío; entonces, nada más desorienta, por lo que si sabe algo, que lo diga”.
Lo que se hace necesario, añade Tapia, es que haya armonía entre las corporaciones policíacas para realizar un trabajo en conjunto. “Mi General no podrá presumir que dentro del Ejército solamente hay blancas palomitas y que ahí no hay corrupción ni impunidad" puesto que todos sabemos que en todos los niveles de gobierno y corporaciones policíacas, incluyendo al Ejército y aún en nuestra sociedad privada hay corrupción y hay impunidad”.
La crítica del comandante de la Novena Zona Militar fue respecto a que las autoridades estatales tomen como un aspecto rutinario o normal la gran cantidad de muertes que hay durante un año, por lo que su exhortación fue a aplicar la ley con rigor para prevenir hechos delictivos en la entidad.
Drogas y armas en penales
De nueva cuenta la penitenciaría de Aguaruto de la capital del estado fue escenario de una cruenta batalla, en la que brillaron los fogonazos de las armas de fuego, entre los grupos de poder que hay dentro del penal, lo que dejó como saldo un muerto y tres heridos.
Con la intervención de las fuerzas federales y estatales se logró controlar la situación que prevaleció por más de 20 minutos: el Grupo de Operaciones Estatales lanzó varios disparos al aire para someter a los que fueron señalados como responsables de estos hechos, mientras que elementos del ejército mexicano sitiaron el edificio que alberga el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).
Se presume que esta refriega tiene que ver con la disputa entre los diferentes grupos de "narcos" por apoderarse del control del tráfico de drogas. Ante la preocupación de la sociedad, las autoridades emitieron un primer informe por medio del cual señalaron como evidencia que un "ladrillo" con un peso de tres kilos y medio de marihuana fue el inicio de la disputa.
En este enfrentamiento, supuestamente entre bandas rivales, Víctor Manuel Ojeda Gómez, de 32 años de edad, perdió la vida. Ojeda Gómez fue uno de los internos que participó en la balacera del Cereso de Los Mochis en donde murieron 11 internos, en julio de 1996. Purgaba una condena de 20 años de prisión por el delito de contrabando de heroína.
El director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, Ricardo Serrano Alonso, informó que los responsables del crimen son los internos Vicente Álvarez Orona y Valentín Orona Chávez, considerados como “peligrosos delincuentes”. Ambos están presos por el delito de secuestro y eran integrantes del grupo criminal que dirigía Flor Orona, en los años 90.
Antes de perpetrar el asesinato, Vicente y Valentín abandonaron el módulo 15 -donde están asignados- y se trasladaron al área 19 donde se encontraba Ojeda Gómez. Frente a la víctima sacaron dos pistolas, una calibre 380, y otra calibre .45, y abrieron fuego.
Aguaruto, penal sin ley
Tras registrarse estos hechos, Fidel Velásquez Madariaga, quien tenía escasos 20 días al frente de la dirección del penal de Aguaruto, presentó su renuncia. El gobernador Jesús Aguilar Padilla respondió que la van a aceptar “porque tuvo una actitud congruente: pone a consideración su renuncia para no entorpecer cualquier investigación”.
Al expresarle que en las cárceles del estado la autoridad está siendo rebasada, Aguilar Padilla anunció el reforzamiento de las medidas de seguridad para poner orden en los penales, pero aceptó que los Cecjude están muy lejos de reunir los requisitos técnicos de instalaciones físicas, e informó que faltan espacios para aislar adecuadamente a los internos de alta peligrosidad. “La renuncia no es la solución, si no, renunciaríamos todos”, afirmó el gobernador.
Para García Félix, titular de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, innegablemente persisten las fuerzas de poder en los penales, como ejemplo expone lo que ocurrió en el Cecjude de Aguaruto donde un interno fue asesinado a balazos. Lo que ocurrió solamente marca la pauta que dice que mientras no tomen el control real las autoridades, los penales van a seguir siendo sitios muy inseguros; empero los hechos son un aviso de que hay una fuerza poderosa dentro del penal y de que el director tendrá que trabajar para desbaratarla o equilibrarla”. El armamento dentro del penal revela que las fuerzas del poder ilícito de los penales siguen vivas.
Corrupción en policía municipal
Ante la confabulación de cuatro agentes activos de la policía municipal con un trabajador de una empresa de fertilizantes para simular un asalto y robar 80 mil pesos, en San Rafael Guasave, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, reconoce que el alcalde de ese lugar ya mostró interés por indagar si no hay más elementos en esas circunstancias y, en su caso, tomar las medidas requeridas.
La investigación se inició una vez que la policía ministerial descubrió que los responsables de un asalto perpetrado en contra de un negocio de fertilizantes en San Rafael, cuyo botín fue de 47 mil pesos, eran cuatro agentes activos de la policía municipal de Guasave.
Los agentes involucrados en el asalto son: Antonio Castro, Felipe de Jesús Leyva, Jesús Eduardo Acosta y Gumaro Rodríguez. Los hechos que involucran a elementos de la policía municipal preocupan al gobernador, quien reitera que los tres niveles de gobierno trabajan para combatir la corrupción en las corporaciones policíacas.
Pero los vínculos con la delincuencia y la corrupción también alcanzan a la milicia. Apenas 72 horas después de que Aponte Polito criticara la violencia y la corrupción imperante en las corporaciones policíacas, cuatro subtenientes en activo participaron en un secuestro.
