Alberto Morones Rivas / Fotos: Juan de Dios Montero
Las prominentes familias De Cima, Coppel y Kuroda, están supuestamente detrás de la construcción de un complejo turístico en la playa El Patole; los trabajos incluyen el despojo de tierras y amenazas de muerte, denuncian ejidatarios afectados.
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Destrucción de viviendas, hostigamiento y amenazas de muerte, son algunas de las vejaciones a las que han sido sometidos los ejidatarios de la playa El Patole -municipio de San Ignacio-. Sus tierras, de las cuales poseen documentación que los acredita como propietarios, son botín para empresarios de la talla de los Coppel, los De Cima y los Kurdoa.
A pesar de que las 20 mil hectáreas son propiedad de los ejidatarios de Barras de Piaxtla y de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aún no ha expedido ninguna autorización, los inversionistas ya iniciaron la construcción del desarrollo de un complejo turístico en esta zona privilegiada.
Los trabajos fueron iniciados con el despojo parcial de las tierras: la disputa entre inversionistas y ejidatarios, que data de hace 15 años, se recrudeció el pasado 12 de octubre cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva, apoyados por el subprocurador de la zona sur del estado, Fortino Borquez, invadieron el área y destruyeron todo lo que estorbó su paso: casas y bienes muebles.
Hasta ahora ni la Procuraduría de Justicia del Estado, ni el juez del municipio de San Ignacio han intervenido para detener la acción del grupo de inversionistas. Los ejidatarios sostienen que “detrás de estas acciones hay intereses muy poderosos” y, ante la tibieza de las autoridades, ya solicitaron la intervención del Congreso del estado para que se investiguen las amenazas de muerte que han recibido, de las cuales responsabilizan a Natividad Osuna, apoderado del grupo de inversionistas.
Federico Vega, síndico de Estación Dimas, señala que en los atropellos y despojos en contra de los residentes de Barras de Piaxtla, además de Osuna también está involucrado Héctor Aparicio Junior, quien supuestamente ofrece los terrenos de manera fraudulenta a inversionistas nacionales y extranjeros para un desarrollo turístico y que opera en la ciudad de México.
“Aquí llega gente que me solicita que los lleve hasta donde están los condominios en la playa y lo que les digo es que no hay tales condominios y que en la zona que se les está vendiendo lo único que hay es puro monte”, dice el síndico.
El funcionario agrega que tanto Natividad Osuna como Héctor Aparicio alegan tener escrituras desde tiempos de la Colonia y se ostentan como dueños de grandes extensiones, incluso del panteón del pueblo y algunas islas del puerto de Mazatlán.
Las grandes fortunas
Diversos testimonios revelan que detrás del proyecto turístico se encuentran prominentes empresarios: la familia De Cima, en un tiempo emparentada con Emilio Azcárraga Jean, propietario de Televisa, los Coppel, dueños de una cadena de tiendas del mismo nombre distribuidas por todo el país, y los Kuroda, propietarios de la empresa Interceramic y de varias plomerías.
De acuerdo con el síndico Federico Vega, ningún miembro de estas familias es propietario legítimo de las tierras, pues quienes han estado ahí en forma pacífica y continua, y que además pagan impuestos, son los ejidatarios de El Patole.
A pesar de que la sociedad de los Coppel, los De Cima y los Kuroda carece de documentos que comprueben sus derechos de enajenación de las tierras, ya solicitó una concesión por 15 años al gobierno federal. En la zona que se pretende afectar se ubican fincas y propiedades de ejidatarios amparados con escrituras y títulos de concesión.
Ésta no es la primera vez que se intenta construir un complejo turístico en playa El Patole: se tiene el antecedente de un decreto emitido por el entonces presidente de la República, José López Portillo, para desarrollar un proyecto turístico que, en aquel entonces se dijo, sería similar a Cancún por las condiciones de navegación que presenta el río Piaxtla que desemboca en la zona.
Los habitantes de Barras de Piaxtla también recuerdan el banderazo que dio la alcaldesa del municipio de San Ignacio, Eduviges Vega Padilla, para la pavimentación de la carretera: resultó un engaño porque en realidad de lo que se trataba era de crearles la infraestructura a los desarrolladores del complejo turístico, señalan.
“No somos invasores ni revendedores de terrenos como pretenden hacerlo creer”, argumentan los ejidatarios, entre los que se encuentra Socorro Barrrera, ex dirigente sectorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex directora del Consejo Tutelar para Menores durante el sexenio de Juan Millán Lizárraga.
En medio de llantos, Socorro Barrera dice que ella acudió ante el gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla, para solicitarle su intervención pero que el mandatario desoyó sus suplicas. “No es justo, a mí me quemaron mi palapa, me robaron una planta de luz y se están apropiando de mi casa en la cual tengo invertido más de 360 mil pesos”.
La ex dirigente sectorial del PRI explica que, en su tiempo, ella misma se apersonó con José Domínguez, actual director de Comunicación Social del gobierno del estado y ex delegado de Semarnat, para que le dijera si ella estaba mal y entonces dejara todo en paz.
“Él -José Domínguez- aceptó que en ningún plano aparecían los de Cima ni los Coppel, que en cambio si aparecía mi nombre y que el complejo turístico era un megaproyecto que Héctor Aparicio acostumbraba hacer para engañar a los gringos”.
El engaño
Refugio Lamarque, quien cuenta con escrituras de un área heredada por su padre, asegura que el número de afectados con el complejo turístico que se pretende desarrollar en el municipio de San Ignacio es mucho más de lo que se piensa, ya que los inversionistas se quieren apropiar de cerca de 20 mil hectáreas.
Según Lamarque, además de Natividad Osuna estuvo involucrado Hilario Millán, quien en su calidad de recaudador de rentas en el municipio de San Ignacio se adjudicó terrenos de gente que él sabía que no pagaba el impuesto por el uso y aprovechamiento del suelo en la zona de la playa.
La vecina de Barras de Piaxtla coincide con el síndico al señalar que Héctor Aparicio también está implicado en el despojo de los terrenos. Él se autonombra dueño de todas las islas de Mazatlán, de la región de Mármol y de la costa de Dimas, bajo el argumento de que cuenta con escrituras firmadas por el ex presidente Benito Juárez, supuestos documentos que anteceden a la expedición del decreto que establece que las islas, montañas, ríos y mares son propiedad de la nación.
Refugio Lamarque recuerda que desde hace como 40 años, Héctor Aparicio empezó a traer colonos a la playa, y que el padre de Aparicio, entonces presidente del ejido, reubicó a los nuevos habitantes porque el ex recaudador de renta, Hilario Millán, cometió un fraude con la venta de esos terrenos.
Agrega que Aparicio empezó a vender condominios y terrenos inexistentes a filipinos, japoneses y familias pudientes de Sinaloa, bajo la promesa de que contaba con la autorización para desarrollar ahí un complejo turístico.
De acuerdo con un escrito en poder de Contralínea Sinaloa, signado por Francisco Javier Aguirre Montaño, colector de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofematac), y dirigido al director de Planeación del municipio de San Ignacio, Juan Ramón Blancarte Osuna, la zona en disputa fue vendida ilegalmente a los De Cima.
Fechado el 11 de marzo de 2004, el documento revela que quien les vendió el terreno a los señores De Cima en El Patole es una persona -que hoy se sabe fue Héctor Aparicio- que se apoderó de cuánto lugar le gustaba, alegando tener escrituras desde tiempos de la Colonia, con las cuales defraudo a mucha gente.
En la nota el colector de Zofematac también advierte que hace algunos años en esos terrenos se construyó una pista clandestina para el tráfico de drogas. Cuando el ejército mexicano solicitó a los vecinos de la comunidad de Dimas, que pescaban en ese lugar, datos sobre los dueños del terreno, nunca apareció propietario alguno.
Los despojados
Los propietarios afectados por el proyecto turístico, entre los que figuran Jesús Isabel Velarde Orduño, Odel Espiricueta y Jesús Josué Velarde, afirman que van a llegar hasta las últimas consecuencias: Se han pisoteando nuestros derechos, reclaman.
Los ejidatarios argumentaron que en la última acción, llevada a cabo el 11 de diciembre pasado, los Coppel y Natividad Osuna se hicieron acompañar de agentes de la Policía Estatal Preventiva que iban en la patrulla 0055, quienes quemaron la palapa propiedad de la señora Socorro Barrera y se metieron en su casa.
Los habitantes de Estación Dimas y de Barras de Piaxtla aseguran que para el complejo turístico que se pretende desarrollar en la zona del Patole, que ya denominan Las Delicias, y que tiene como atractivo las grandes olas para los practicantes del surfing, tienen proyectadas lagunas de oxidación y campos de golf y para ello contemplan como de su propiedad el pueblo y el panteón de Dimas.
Refugio Lamarque asegura que a raíz de la ambición de estos inversionistas ella misma ha recibido amenazas de muerte y se ha tenido que desviar de los caminos por donde transita: hay gente armada esperándola.
Sostiene que, con base en escrituras falsas elaboradas en Mazatlán y Culiacán, el grupo de inversionistas ha venido despojando a los pobladores de la zona que cuentan con cartas de posesión desde hace 15 o 20 años. Refugio Lamarque afirma que la muerte de su padre, el ex diputado Pilar Lamarque, fue producto de un accidente provocado.
La ejidataria señala que los inversionistas tuvieron como abogado al ex director del proyecto Tres Ríos, Enrique González Güereña, quien también ha ordenado quemar casas y golpear gente que ella misma ha tenido que sacar de la cárcel.
El interés de ellos, dice, es apropiarse de la zona porque quieren obtener financiamiento del gobierno del estado de Sinaloa para desarrollar ahí un puerto de la Escalera Náutica.
El ejido El Patole, se encuentra ubicado a unos 158 kilómetros de Culiacán en la zona de Barras de Piaxtla, Celestino Gasca y Estación Dimas, del municipio de San Ignacio, lugar en el que desde hace 20 años se ha venido hablando del desarrollo de un ambicioso complejo turístico.
Sus habitantes son personas que viven de la pesca de la langosta, de la extracción de ostiones, de la acuacultura y de la captura de camarón. Sin embargo estas actividades se les han restringido por parte de los inversionistas quienes les impiden pasar frente a las playas.
El proyecto fue conocido de manera pública tras el asesinato del empresario de la construcción, Eduardo Madrigal Victoria, quien fue victimado en 1995 en sus oficinas de la constructora ICA por un sujeto de aspecto campesino que le propinó varios balazos.
Autoridades inertes ante el despojo
En entrevista, la delegada estatal de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat), Carmen Torres Esceberre, confirma los atropellos contra los ejidatario por parte del grupo de inversionistas que pretende desarrollar un proyecto turístico en el ejido el Patole.
El grupo de inversionistas, explica la funcionaria, se ampara en una concesión que solicitaron a la Semarnat federal desde hace un año, pero aclara que, hasta la fecha, no se les ha autorizado.
Torres Esceberre indica que quienes tienen concesiones vigentes en el área donde se pretende desarrollar el supuesto complejo turístico, son algunos de los ejidatarios que sufrieron daños en sus propiedades y que acudieron al Congreso del estado a solicitar la intervención de los diputados locales.
Consultado por esta revista sobre la intervención que tendrá la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en dicho conflicto, el delegado en Sinaloa, Lorenzo Gómez Leal, explica que ellos intervendrán en lo que se refiere a los posibles daños a la zona federal protegida.
“Lo que nos compete es el asunto del área federal protegida y los posibles daños al ambiente; lo de los conflictos entre particulares es cosa que deberán resolver ellos ante un juez civil”, advierte Gómez Leal.
