Negocio de alcohol en manos de políticos

Ante el incremento de la venta de alcohol en el estado y sus problemas colaterales, cuyo saldo más oscuro se registró en septiembre de 2005 cuando tres jóvenes fueron asesinados en bares de la ciudad, el gobierno encabezado por Jesús Aguilar Padilla anunció medidas ejemplares para combatir, sobre todo, el alcoholismo juvenil.

Pero de estos crímenes y de la supuesta lucha que el gobierno estatal emprendería contra la venta indiscriminada de alcohol ya nadie se acuerda: la sociedad suele tener una memoria de corto plazo, y por más lacerantes que sean sus problemas, con el paso del tiempo y la costumbre se olvidan fácilmente. A eso le apuesta la autoridad en Sinaloa, a que el tiempo pase para que todo siga igual.

Ello a pesar de que el portavoz de la indignación generalizada por los tres homicidios fue el propio gobernador Aguilar Padilla, quien en el marco de la ceremonia del inicio del ciclo escolar, anunciaba “la más grande batida en la historia de Sinaloa” para frenar la proliferación del vicio y rescatar a la juventud del vicio. Pero toda esa belicosidad sólo quedó en el anuncio y la batalla nunca llegó.

Lucha frustrada

Hace ya seis meses que el gobernador dio a conocer, a través de spots radiofónicos, que la supuesta batida contra el vicio tendría cuatro frentes: el cierre de expendios cerveceros cercanos a escuelas, iglesias, plazuelas y centros de recreo; el envío de una iniciativa al Congreso del Estado para reformar a fondo la Ley de Alcoholes y darle transparencia a la regulación de esta lucrativa actividad; el retiro de la publicidad en la vía pública que incitara al consumo de alcohol y de tabaco, y la prohibición de fumar en escuelas y edificios públicos.

De estos cuatro frentes sólo se han registrado escaramuzas en el primero de ellos. Hasta ahora, la Dirección de Alcoholes reporta el cierre de 120 expendios cerveceros en 64 campos pesqueros de la entidad, de 240 que tenían en la mira. Pero en las ciudades, nada.

No sólo no se han cerrado los expendios que se ubican en los límites prohibidos por la Ley de Alcoholes (un radio de 150 metros), sino que de manera discrecional la autoridad permite que decenas de éstos continúen con la venta de alcohol hasta las cuatro de la mañana.

De los otros tres frentes de batalla, tal parece que la infantería salió huyendo despavorida ante la fuerza del enemigo, o mejor dicho, ante el poder económico de la industria cervecera y su juego de complicidades y privilegios con funcionarios públicos y políticos.

Y es que funcionarios públicos, diputados locales y federales, ex alcaldes y familiares de estas personas ligadas al poder, son los que más se han beneficiado con la expedición de licencias para la instalación de expendios cerveceros, depósitos, bares, cantinas y pequeños supermercados.

En estos últimos años caracterizados por el crecimiento exponencial del número de establecimientos cerveceros, son las personas que ejercen el poder quienes mayores facilidades tienen para abrir su negocio con venta de alcohol. Los prominentes negocios están a su nombre, o bien, a nombre de alguno de sus familiares; aunque en ocasiones también ocultan su identidad bajo la denominación de alguna persona moral, es decir, una empresa.

Esta lista de privilegios la encabezan el ex subsecretario de gobierno y actual presidente estatal del PRI, Joaquín Vega Acuña; el director del Desarrollo Urbano Tres Ríos, Moisés Aarón Rivas Loaiza; el ex alcalde y dos veces diputado local por San Ignacio, Amado Loaiza Perales; el ex alcalde de Guasave y actual diputado local, José Jaime Armenta Cervantes; el ex diputado federal, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 27 y actual diputado local, Jaime Barrón Fonseca, y el ex diputado local Ramón Alfredo Padilla Fierro, todos ellos de extracción priísta.

En el negocio del alcohol los prestanombres son de uso común. Familiares de políticos aparecen como propietarios de los locales, como son los casos de las familias Burgos Pinto (Jesús Burgos Pinto es el líder del Congreso del Estado), López Favela, Félix Ochoa, la familia Dagnino, los López Sánchez, Patrón Montalvo, Careaga Wolfskill y hasta el hijo del finado diputado local panista, Saúl Rubio Ayala, de nombre Saúl Rubio Valenzuela.

A este respecto, el titular de la Dirección de Alcoholes del gobierno estatal, Mario Zamora Malcampo, asegura que en su oficina “hacen el bien sin mirar a quién”, es decir, que autorizan la licencia para la venta de alcoholes sin fijarse quién la solicita; sólo les interesa que el solicitante cumpla los requisitos de ley.

La omisión se da a pesar de que todos los nombres de funcionarios públicos, diputados locales, ex alcaldes y sus familiares aparecen en la página de Internet del gobierno, donde se hacen pública la identidad de los permisionarios con licencias para la venta de bebidas embriagantes.

Liberalizar la venta

Los diputados tienen ya medio año en espera de la iniciativa de reforma a la Ley de Alcoholes, para darle transparencia a la actividad y frenar la proliferación del vicio, que el gobernador anunció en las estaciones de radio.

Los diputados de oposición saben que esas palabras difícilmente se concretarían por todos los intereses que imperan en el negocio del alcohol, y es que mientras no se transparente el comercio del alcohol y persista la facultad discrecional de la autoridad para decidir a quiénes les dan permiso y a quiénes no para vender bebidas embriagantes, el “negocio del vicio” seguirá repartiendo sus privilegios y ganancias entre la gente en el poder.

“De lo que se trata es de liberalizar la expedición de licencias de alcoholes para terminar con todos esos privilegios y manejos oscuros que se dan en el gobierno”, afirma el coordinador de los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática, Feliciano Castro Meléndrez.

El legislador advierte que creer en la lista de concesionarios que aparece en la página electrónica del gobierno de Sinaloa, es como regresarse a preescolar, porque cualquier persona con el mínimo sentido común sabe que en ese listado no son todos los que están, ni están todos los que son. En un marco de discrecionalidad, aclara, lo más fácil es que surjan los prestanombres.

De acuerdo con el diputado perredista, Sinaloa es de los estados más atrasados en la normatividad de alcoholes; cuando otras entidades han liberalizado la expedición de licencias sin que tengan una anarquía y un crecimiento del fenómeno del alcoholismo, como el gobierno estatal asegura que ocurriría si aquí se adopta una medida similar.

El diputado Castro Meléndrez insta al gobernador a que recoja su palabra empeñada, a que emprenda la “madre” de todas las batallas contra la proliferación del vicio que anunció el año pasado, y a no defraudar a esas nuevas generaciones de niños y jóvenes que todavía están a tiempo de salvarse del monstruo de las adicciones. Porque finalmente, él también es un padre de familia con hijos adolescentes.

Publicado: Febrero de 2006