Alejandro Luna
Ante el crecimiento desordenado de oferta educativa y el auge de las llamadas escuelas “patito”, la Secretaría de Educación Pública y Cultura aplica medidas extraordinarias para frenarlas
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Tras las recomendaciones de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), y en lo que constituye la primera serie de medidas efectivas para poner orden en este sector, al inicio del presente ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública y Cultura canceló 263 Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y negó autorización a 59 solicitudes de nuevas carreras profesionales y programas de postgrado, que no eran pertinentes o no reunían los requisitos necesarios para asegurar una educación superior de calidad.
Asimismo, se emprendió un trabajo exhaustivo de evaluación de los programas educativos de todas las instituciones particulares de educación superior, que será presentado próximamente ante la Coepes, con el propósito de hacer un diagnóstico sobre la educación superior privada en Sinaloa.
El análisis pretende no sólo identificar fallas sino establecer una política para fortalecer la calidad de la educación superior y fijar recomendaciones específicas para cada institución, según el resultado de su evaluación.
De acuerdo con la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP, para el ciclo 2006-2007 en Sinaloa hay 70 instituciones particulares de educación superior registradas, tres más que en el ciclo lectivo anterior (descontando las filiales, quedarían 53).
La matrícula asciende a casi 12 mil estudiantes, de los cuales, cerca del 40 por ciento se concentra en sólo seis instituciones. Esto indica que unos siete mil estudiantes (equivalente a la población total de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UAS) están distribuidos en 53 universidades e institutos particulares de educación superior en el estado, lo que da una matrícula promedio de 132 estudiantes por universidad.
Con base en los resultados de la evaluación la Coepes se establecerán políticas para asegurar una buena calidad de la educación superior y se fijarán plazos y condiciones precisas para las instituciones particulares a fin de que regularicen su situación, de tal manera que quienes verdaderamente estén interesados y capacitados para la formación de recursos humanos se mantendrán en el mercado de los servicios educativos, en tanto que quienes no demuestren capacidad para esa tarea y no aseguren un mínimo de calidad formativa a sus alumnos, tendrán que dejar la actividad o buscar formas alternativas de superar sus deficiencias.
Y es que para asegurar una educación superior de calidad se debe contar con una plantilla mínima de maestros de carrera, de tiempo completo, posgraduados, una biblioteca básica por carrera, laboratorios equipados, espacios de recreación, infraestructura funcional (aulas adecuadas, áreas comunes, estacionamiento, área de servicios: cafetería, copiadora) equipo de cómputo actualizado, además de otros servicios académicos, como sistemas de tutorías y asesoría de tesis.
Con el propósito de asegurar el más alto grado de confiabilidad en los resultados de la evaluación se conformó una subcomisión de evaluación de la Coepes, integrada por un equipo de 14 expertos de reconocido prestigio, probada experiencia y ética profesional en el campo de la educación (Concepción Mazo Sandoval, Carmen Beatriz Audelo López, Ana Lucía Escobar Chávez, José Manuel León Cristerna, René Bojórquez Camacho, Adán Lorenzo Apodaca Félix, Benjamín Castañeda Cortez, Valentín Félix Salazar, Miguel Ángel Rosales Medrano, Antonio Kiataoka Vizcarra, Ana María Miranda Martínez, Rodolfo Real Audeves, Álvaro Moreno Moreno y Luis Enrique Alcántar Valenzuela).
La cancelación de registros
Entre las causas que motivaron la cancelación de los registros de validez oficial de estudios para operar 263 programas educativos destacan las autorizaciones para una sola generación, tener más de dos ciclos sin operar y no haber renovado los programas de estudio.
Por ello, las nuevas medidas promovidas por la Coepes incluyeron la cancelación de los RVOE. Con esto se busca lograr una planeación más efectiva de la oferta educativa, ya que sólo se autorizan programas de carreras y postgrados cuando la demanda no está cubierta.
Con el propósito de impedir el crecimiento desordenado de la oferta y asegurar que sólo se autoricen programas de calidad, la Secretaría de Educación negó registro a 59 programas educativos, de los cuales, 23 corresponden al área de la educación, que están siendo evaluados por la subcomisión de la Coepes; 15 en el área de la salud, que no cuentan con el aval de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS); cuatro que incumplen con los requisitos de pertinencia y factibilidad establecidos por la Coepes; ocho correspondientes a solicitudes de incorporación que, según el programa de reordenamiento de la oferta educativa, no son viables por el momento, y nueve que están orientados a carreras que tiene sobreoferta en el mercado.
La disposición de no otorgar RVOE a programas para la formación de recursos humanos en el área de la salud que no contaran con el visto bueno de la CIFRHS se emitió desde inicios de 2005, luego de detectar que de 85 que tenían registro en el área de la salud, sólo cinco programas contaban con este aval, y aunque de la mayoría no estaban en operación, al menos 25 lo estaban pero fuera de la normatividad.
En cuanto a los del área de educación, está pendiente la impugnación planteada por las instituciones formadoras de docentes y los organismos sindicales, ya que éstos cuestionan que los egresados de las universidades privadas compiten por plazas con los egresados de las instituciones formadoras de docentes, como la ENS, la UPN, la ENEES, el CAM y la Escuela Normal de El Fuerte.
Y es que mientras a las formadoras de docentes se les limita el ingreso mediante una convocatoria muy precisa, a las universidades particulares se les deja en total libertad de inscribir a todos alumnos que lo solicitan, lo que constituye una competencia desleal, según afirman las instituciones.
Pero no todas las solicitudes fueron rechazadas. Las autoridades educativas autorizaron 14 registros, de los cuales, dos corresponden a programas de doctorado: uno en criminalística y otro en derecho. Seis son de maestrías en cultura física y deportes; dirección corporativa, gestión y desarrollo de negocios; derecho penal; comercio exterior, y negocios internacionales.
Asimismo, se autorizaron seis programas de licenciatura, se renovaron 27 registros de validez oficial de estudios, que a juicio de la autoridad educativa sí reunían los requisitos establecidos por la Coepes. También se renovó la autorización para 13 programas de licenciatura y se otorgaron 11 prórrogas, nueve corresponden a programas de licenciatura que ya cuentan con registro y dos más corresponden a programas de maestría con registro.
