Alberto Morones Rivas
Libres, los policías involucrados con el crimen organizado en Sinaloa.
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En los casos de policías municipales que se ven involucrados en actos de corrupción o cometen delitos en su día franco, el Centro Estatal Anticorrupción está imposibilitado para actuar, admite Antonio Figueroa Sánchez.
El director de dicho centro acepta también que en Sinaloa no se cuenta con sanciones administrativas para los agentes policiacos que egresan de la Academia Estatal de Policía y luego utilizan los conocimientos que les proporciona el Estado para beneficio de la delincuencia organizada.
Desgraciadamente, dice, en la entidad aún no se ha legislado para fincar responsabilidades administrativas a los policías que aprovechan los conocimientos que les da el Estado para ponerlos al servicio del crimen organizado.
Entrevistado en ocasión de las constantes fugas en los penales y los hechos recurrentes en los que aparecen involucrados policías en bandas de roba-autos o con grupos de sicarios, Figueroa Sánchez confiesa que el Centro Estatal Anticorrupción sólo tiene capacidad para atender los delitos relacionados con la Policía Estatal Preventiva (PEP).
El centro opera con una plantilla de apenas 15 personas, “por eso ahorita estamos enfocados y tenemos la capacidad para atender lo que es la PEP, que está conformada por alrededor de 2 mil elementos”, justifica Figueroa Sánchez.
La Policía Ministerial, explica, se maneja aparte; pues, por disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público, existe una contraloría y un órgano interno en la Procuraría General de Justicia que fiscaliza sus funciones.
-Y a los que están en el Centro Estatal Anticorrupción, ¿quién los vigila?
Nosotros estamos bajo la vigilancia del secretario de la Contraloría.
-¿Qué falta para que sea más efectivo la lucha contra la corrupción?
Principalmente una actualización del marco jurídico. Estoy hablando del sistema de responsabilidades en el estado y del propio marco conformado por los diferentes reglamentos internos de las dependencias que estamos involucradas en este combate, es decir, la Secretaría de Seguridad Publica, el Consejo Estatal de Seguridad, la Procuraduría de Justicia del Estado y el Centro Estatal Anticorrupción.
“Necesitamos mejorar los sistemas de coordinación, actualizar el marco jurídico y ver la relación que vamos a tener con los municipios, que obviamente necesitan a este Centro en el combate a la corrupción”.
Sobre los casos de los dos policías de Mazatlán que en su día franco viajaron hasta Jalisco para matar a un custodio; de los policías municipales de Culiacán que custodiaban una fiesta en un rancho por los rumbos de Costa Rica, y del caso del comandante y director de la policía municipal de Navolato que intervinieron para liberar a un detenido con droga, Figueroa Sánchez simplemente señala que el Centro está imposibilitado para actuar o que no se tuvo conocimiento.
De los custodios del penal de Culiacán, que desde hace varios meses son sujetos a investigación por los enfrentamientos que se han dado en el interior, comenta que el proceso aún está en trámite y todavía no se turna al Ministerio Público.
La labor del Centro Estatal Anticorrupción se circunscribe a dar a conocer los ceses de policías que resultan positivos en el examen antidoping, coinciden abogados del estado.
