Carmen Aída Guerra, Alberto Morones
De nada han servido los sistemas de video-vigilancia instalados en los tres penales de máxima seguridad: aunque capten las imagines de enfrentamientos, venta de droga, prostitución y asesinatos en el interior, las autoridades simplemente omiten poner orden.
Publicidad
El más reciente enfrentamiento en el penal de Culiacán, que tuvo como saldo dos muertos y un herido, quedó grabado en video. Se sabe, por tanto, de dónde salieron las balas asesinas, y quiénes portaban las armas que nadie encuentra, entre ellas un fusil AR15, revelan los peritajes.
El fracaso del sistema carcelario en Sinaloa está a la vista, como lo han declarado el dirigente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Miguel Ángel Sánchez Morán, y los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes señalan que “está infestado por la corrupción”.
Ante las constantes fugas, homicidios, introducción de armas y drogas, y el asalto por comandos de los llamados “gatilleros”, la demanda generalizada es que, con urgencia, los gobiernos estatal y federal cambien los esquemas de operación.
Y es que lo acontecido el pasado 8 de septiembre en la cárcel de Badiraguato, donde un comando de 40 pistoleros asaltó el penal municipal y asesinó a dos reos, además de agredir a celadores y robarles las armas, no es menor. Apenas cuatro días antes se habían producido otros dos homicidios en el penal de Culiacán.
Al tercer trimestre de 2006, trece personas han sido ejecutadas dentro de los penales sinaloenses; a pesar de esto, no hay ningún responsable procesado. Para el diputado panista Guadalupe Robles “es un problema que ha rebasado a las autoridades penitenciarias”.
El priísta y presidente del Congreso, Jesús Burgos Pinto, la ingobernabilidad en el sistema carcelario se debe a “fallas en los equipos de control interno” y urge a que el Ejecutivo estatal, en uso de sus atribuciones, “proceda a remover a los funcionarios del área”.
Burgos Pinto considera que, para evitar esta “barbarie” en las cárceles, los reos de alta peligrosidad deben ser recluidos en penales especiales.
José Román Ruiz Guevara, presidente del Colegio de Abogados doctor Ignacio Burgoa Orihuela, advierte que esto está pasando porque las autoridades solapan a los responsables. Incluso, dice, la venta de drogas en los centros penitenciarios atrae compradores foráneos, porque no solamente no la tienen que ir a buscar sino que es más barata que en las “tienditas”.
En los penales una “grapa” de marihuana vale 150 pesos, mientras que fuera del reclusorio llega a cotizarse en más de 200 pesos; un gramo de cocaína se cotiza entre 300 y 400 pesos, cuando en las “narcotienditas” llega a valer hasta 500, y las pastillas psicotrópicas que en la calle cuestan 80 pesos, en el penal se consiguen en 50.
Solicitud a Calderón
La apertura del penal federal de Guasave, que solicitó el gobernador al presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, pues se encuentra como un elefante blanco por falta de recursos para su operación, podría contribuir a la mejora del sistema pero sólo en una mínima proporción.
Y es que para erradicar el verdadero problema, la corrupción, se requiere una limpieza profunda de las autoridades. Por ello, Ruiz Guevara lamenta que el fondo sólo se puede combatir con la voluntad de las autoridades, la cual no se ve ya que el problema va en aumento.
El Centro Estatal Anticorrupción que encabeza Antonio Figueroa Sánchez ha anunciado que tiene abierta una investigación sobre todo el personal de seguridad y custodios del penal de Culiacán por su posible complicidad en el tráfico de armas y drogas hacia el interior del mismo, pero todo parece quedar en las meras declaraciones.
Ricardo Serrano, director de Readaptación Social del gobierno de Sinaloa, dice a la prensa que puede haber corrupción por parte de los custodios y celadores en el tráfico de armas, drogas y prostitución, pero no resuelve el asunto.
La inmutabilidad de las autoridades se da a pesar de que los abogados se han negado a asistir a los penales para atender a sus clientes, por temor a perder la vida en los constantes enfrentamientos que ya han llegado al área del locutorio.
Ingobernabilidad
Balaceras, fugas, motines, celadores encarcelados, riñas sangrientas y funcionarios despedidos son la constante durante lo que va de la gestión del gobernador Jesús Aguilar Padilla, quien parsimoniosamente llegó a declarar que esto “es normal”.
Los penales están en manos del hampa organizada, ya que en cada revisión lo más que se decomisa son celulares, puntas, droga y algunas pistolas. Testimonios de los mismos presos señalan que en el interior se pasea gente armada sin ser molestada por los celadores.
En el penal de Culiacán, donde todo queda registrado por las cámaras de video, ha quedado impune el homicidio de Erikson Zavala Zamora, sucedido el 5 de junio pasado, cuando varios internos lo atacaron con arma de fuego y punzocortante en el interior de su propia celda, ubicada en el módulo dos.
Mientras que del más reciente enfrentamiento se sabe que el motivo fue la rivalidad existente entre la gente que comanda Orzo Iván Gastélum Cruz, alias el “Cholo” –presunto integrante del cártel de Sinaloa–, y Nicéforo Amador Arredondo, del módulo 15.
Según lo declarado por Ramón Soto Miranda, jefe de Seguridad del penal en donde resultaron muertos Manuel Valenzuela Medina y Fernando Valle Radilla –quien fue detenido junto con el Cholo el 11 de agosto del 2005 en la colonia Lombardo Toledano, Culiacán, tras encontrárseles un arsenal, droga y vehículos– y lesionado Juan Miguel Gallardo Valdez.
Testigos han revelado que Orzo Iván portaba un fusil AR-15 con el que disparó sobre el grupo de reos que, al parecer, respondieron a su agresión con armas cortas. En el lugar, los investigadores recogieron casquillos calibre 9, 45 y 223 milímetros.
Familiares de internos, a los que se les ha restringido la entrada, señalan que está más que claro que son los propios funcionarios los que permiten la entrada de drogas y armas, ya que las revisiones para permitir la entrada son minuciosas y hasta denigrantes.
Los grupos que disponen de vidas y controlan la venta de drogas y armas son tan poderosos que hasta el director en turno les teme, trayendo como consecuencia este desorden imperante, dicen.
RECUADRO: Frena gobierno federal penal de Guasave
Guasave, Sin.- A un mes de concluir la administración federal, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene frenada la operación del penal de alta seguridad de Guasave, aun cuando el problema de sobrepoblación penitenciaria en Sinaloa genera conflictos para administrar los centros, garantizar la seguridad de los internos, todo lo cual dificulta su convivencia.
Aunque desde mediados de 2001 quedó listo, como un gran elefante blanco, el penal se eleva imponente entre los predios agrícolas a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Guasave, al norte de la capital sinaloense.
Dos celadores son los encargados de resguardar el inmueble para evitar el robo de los equipos de seguridad, médico hospitalario y de servicios generales que ahí se encuentran.
Con un costo de 116 millones de pesos, el reclusorio tiene una capacidad total de 804 espacios, cuenta con edificios de cuatro niveles distribuidos en habitaciones quíntuples (720 camas) y habitaciones individuales (84 camas).
Estas áreas de celdas se dividen en la modalidad de alta seguridad, normal y para discapacitados. Cuenta con talleres, cocina, áreas deportivas, escuelas, clínicas, área de visitas, administrativa, de proveedores, visita conyugal, internos de nuevo ingreso y sistema de videovigilancia con circuito cerrado de televisión.
Sin embargo, en los últimos cinco años los únicos habitantes permanentes de esta construcción son las golondrinas, lechuzas y abejas, que hacen sus nidos en los rincones de las desoladas “barracas”.
El secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, declaró a principios de este año que el penal de Guasave es uno de los 11 centros penitenciarios en la república mexicana que están sin operar “por razones presupuestales”. En tanto, la autoridad estatal enfrenta el problema de sobrepoblación penitenciaria, principalmente en los Ceresos de Los Mochis y Culiacán.
Luego de la última reunión de la Conago, donde uno de los temas tratados fue el sistema penitenciario nacional, el gobernador Jesús Aguilar Padilla sostuvo que la Secretaría de Hacienda federal tiene una partida presupuestal para operar el penal de Guasave, pero de manera inexplicable la SSP mantiene trabada la liberación de los recursos.
Según el director de Prevención y Readaptación Social en el estado, Ricardo Serrano Alonso, la infraestructura de este penal se encuentra ya instalada al ciento por ciento. Sólo resta que el gobierno federal apruebe el presupuesto de poco más de 66 millones de pesos para ponerlo en funcionamiento.
De acuerdo con datos oficiales, el sistema penitenciario sinaloense cuenta con una capacidad instalada para albergar a 6 mil 506 internos, pero al mes de agosto la población alcanzó casi los 7 mil 100 reos.
Esto genera problemas de hacinamiento y conflictos entre los presos. Además, se incrementan los riesgos en materia de seguridad y administración de los centros, sobre todo en el penal de Culiacán que, con 40 años de existencia, cuenta con una capacidad para dos mil 504 internos, pero tiene una sobrepoblación de casi 300 reos. Mientras que el penal de Los Mochis cuenta con capacidad instalada para albergar a mil 708 internos, tiene una sobrepoblación de 200. En cuanto a las cárceles municipales distribuidas en 15 de las 18 alcaldías del territorio sinaloense, en las ciudades de Navolato, Angostura, Guasave, El Rosario y Escuinapa, las condiciones de los internos son consideradas como “deplorables”, por el hacinamiento en que se encuentran.
De acuerdo con las proyecciones del director de Prevención y Readaptación Social del estado, el penal de Guasave viene a resolver el problema de sobrepoblación, ya que se trasladarían 800 internos federales sentenciados, de los tres grandes centros penitenciarios.
“Además, por sus características especiales de construcción, este penal se considera ya de mediana o alta seguridad, por lo que muchos de los internos sentenciados del orden federal —algunos de ellos considerados entre los más peligrosos— serían los candidatos idóneos para ser trasladados de los penales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis”, asegura Serrano Alonso.
Para el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, la federación debe liberar los recursos suficientes para que inicie operaciones el penal de Guasave y administre la situación de los internos que son de carácter federal, tal como demanda la difícil situación en todas las cárceles de Sinaloa. (Enrique García)
