Nepotismo en municipio Concordia

Nepotismo, tráfico de influencias, excesos en el presupuesto de egresos autorizado por el cabildo y gastos exorbitantes en personal extraordinario (fuera de nómina), son sólo una parte de las irregularidades por las cuales el Congreso del estado mantiene sin aprobar la cuenta pública 2005 del alcalde de Concordia, Sebastián Zamudio Guzmán.

Además, el municipio ubicado en el sur de Sinaloa, a 45 kilómetros del puerto de Mazatlán, y con una población de 33 mil habitantes, se encuentra inmerso en una crisis política por las renuncias del oficial mayor del ayuntamiento y del director de Educación. La salida de ambos ex funcionarios públicos se dio porque no estaban de acuerdo con las medidas aplicadas por el alcalde contra el personal sindicalizado.

Documentos en poder de Contralínea Sinaloa revelan que uno de los grandes beneficiarios del erario público de Concordia es precisamente el dueño de la gasolinera de la localidad: a los bolsillos de este empresario fueron a parar 2 millones 96 mil 884 pesos del presupuesto de 10 millones 354 mil 676 pesos que ejerció dicho ayuntamiento en 2005.

La negociación aparece registrada como Servicios Concordia S.A. de C.V., e identificada con el número 1771, mientras que el enlace con la presidencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) es el gerente César Tirado Vizcarra.

Al iniciar el ejercicio fiscal 2005, el alcalde Sebastián Zamudio Guzmán había programado una cantidad de 10 mil pesos para cubrir los gastos del personal extraordinario, pero al finalizar el periodo habría ejercido un millón 464 mil pesos, es decir, un millón 454 mil pesos más de lo que originalmente le autorizó el Cabildo.

Como muestra del nepotismo con el cual maneja la administración municipal el alcalde concordense, están los casos de sus hermanos José Manuel y María Esther Zamudio Guzmán, quienes cobran al mes 13 mil 560 pesos y 4 mil pesos, respectivamente, el primero como asesor general y la segunda como responsable del Centro de Educación Juvenil.

En la nómina también aparece su cuñado José Reyes Valdez, quien cobra 5 mil 400 pesos como director de compras. Otro beneficiario de la administración son su primo, Luis Guzmán Lizárraga -quien percibe mil 800 pesos con plaza de auxiliar “A”-, y su concuño, Mario Javier Valdez, quien tiene plaza de mecánico y cobra 6 mil 300 pesos.

Las irregularidades detectadas en el manejo presupuestario cancelaron la aprobación de la cuenta pública 2005. Y es que en las observaciones sobre exceso de personal también se descubrió que la diputada panista Elisa Podesta Rivas, presidenta de la Comisión de Glosa del Congreso, es parte de la nómina y cobra 14 mil pesos para el pago de Fortino Sánchez Gallardo, asesor de la presidencia y 7 mil pesos más para el sueldo de Vicente Javier Camacho Sánchez, quien funge como asesor jurídico.

Primero la familia

Abel Espinosa Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Concordia, asegura que en lugar de afectar lo que el pueblo califica como un “negocio de familia”, el alcalde Sebastián Zamudio Guzmán optó por despedir a 61 trabajadores sindicalizados.

Está claro, dice, que este es un negocio familiar, que el alcalde está más empeñado en pagar los compromisos de campaña y que para ello está dispuesto a pisotear los derechos de los trabajadores sindicalizados.

Salvador Flores Acosta, presidente de la Asociación Estatal de Sindicatos al Servicio de los Ayuntamientos de Sinaloa, afirma que la versión del alcalde de Concordia es que los trabajadores sindicalizados tienen colapsadas las finanzas municipales, cuando toda la población sabe que quien tiene al borde de la quiebra al municipio es él mismo, por los parientes y amigos que metió a trabajar.

Aquí, señala, hay un doble discurso de la diputada Podesta Rivas, quien por un lado critica el sobregiro que se ha tenido en el presupuesto y por otro calla ante la decisión tomada por Zamudio Guzmán, quien optó por despedir a personal sindicalizado con tal de mantener a sus parientes en la nómina.

Para Flores Acosta, los trabajadores, que ya demandaron al ayuntamiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, van a ganar: antes de proceder contra el personal sindicalizado, el alcalde estaba obligado por ley a dar de baja a su personal de confianza o en su defecto a ajustar los gastos combustibles y del teléfono celular.

Además de los plantones y manifestaciones que ya empezaron a realizar, los trabajadores sindicalizados de los 18 ayuntamientos de Sinaloa tienen considerado un paro general, como una muestra de solidaridad con sus compañeros de Concordia.

Recomendación del Congreso

En sus argumentaciones respecto a la decisión que tomó, el alcalde de Concordia asegura que procedió al despido porque así se lo recomendó el Congreso del estado al detectar un exceso en el personal que trabaja en la comuna.

Sebastián Zamudio Guzmán, quien pese a las observaciones que le hizo el Congreso en la cuenta pública 2005 mantiene un sobregiro en el presupuesto que presentó ante el Cabildo para 2006, sostiene que no habrá marcha atrás en la decisión tomada.

Lejos de preocuparse, el presidente municipal ordena rellenar un terreno de su familia con maquinaria y personal del ayuntamiento.

Publicado: Agosto de 2006 Año 2 / No. 15