Ernesto Alonso López Uriarte*
La administración estatal viola la Ley de Transparencia porque considera como información reservada los sueldos de los servidores públicos adscritos a las unidades de Enlace, areas supuestamente destinadas a promover la rendición de cuentas
Publicidad
El sector público sinaloense carece de voluntad para transparentar y rendir cuentas. La transparencia, como bien público, está fallando pese a ser esencial en un supuesto régimen democrático.
Como parte del ejercicio periodístico, se solicitó conocer el salario neto de los servidores públicos de Enlace de las dependencias del gobierno de Sinaloa, pero la información fue negada.
Los politólogos creen que ahí están las costumbres repugnantes que dicen combatir en el discurso. Y es que no hay voluntad de transparencia. Hay una actitud política en el tratamiento de estos casos, ¿cómo se puede reclamar a los medios de comunicación que no traten de encontrar su propia información?
Con fecha del 26 de junio de 2006, vía correo electrónico, se solicitó saber cuánto gana cada funcionario designado para atender las solicitudes de acceso a la información pública, en los términos del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. A dichos funcionarios se les denomina servidores públicos de Enlace.
La solicitud fue enviada a los correos electrónicos de los 70 servidores públicos de Enlace, como se les denomina formalmente, publicitados en la página electrónica del gobierno de Sinaloa.
Sólo respondieron cuatro funcionarios: Wendy Ana Luz Verduzco Rivero, del Hospital Civil de Culiacán; Xóchitl Pérez Borda, del Cuerpo de Defensores de Oficio; Óscar Rivera Inzunza, de la Dirección de Evaluación e Imagen, y María Elena Murillo Rojo, de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública.
En el primer caso argumentaron que la ley no los obliga a contestar por correo electrónico; “pero si está interesado puede llenar personalmente su solicitud o bien accesar a la página y en el canal de remuneraciones ver la categoría”.
Mientras el Cuerpo de Defensores dijo que “lamentablemente la dependencia no maneja esta información, sólo a través de la Secretaría de Administración y Finanzas”.
En el caso de la Dirección de Evaluación e Imagen, Óscar Rivera afirmó que “la información que está en la página de internet del gobierno, es pública. Yo estoy como director de Evaluación e Imagen de la Coordinación de Comunicación Social. Normalmente ese tipo de solicitud se responde proporcionando el cuadro que te anexo. Mi sueldo varía en ese rango, dependiendo de deducciones, impuestos, viáticos, etcétera.
El colmo ocurrió en la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, pues Murillo simplemente respondió: “Mi cargo es de director y las percepciones las puede consultar en la dirección: http://laip.sinaloa.gob.mx/NR/rdonlyres/BA00B03A-DE85-468A-88B0-73285BD7A36F/0/CATALOGOMMYS2006.pdf”.
Ante la negativa de los funcionarios a transparentar sus sueldos, se interpuso un recurso de revisión ante la Comisión de Acceso a la Información Pública de Sinaloa para que obligue a los servidores públicos a revelar con exactitud cuánto ganan, en apego a lo que marca la ley.
Es tiempo de que la doctora Dorangélica de la Rocha Almazán y sus colegas comisionados, que en 2005 gastaron un presupuesto de 11 millones 700 mil pesos, hagan valer la ley.
Según Juan Francisco Escobedo, integrante del extinto Grupo Oaxaca, Sinaloa debe dejar atrás la simulación si quiere realmente avanzar en acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.
