Sergio Octavio López Gómez
David Salgado salió de Tlapa, Guerrero, en compañía de su familia para buscar una mejor forma de vida. Lo que encontró un mes después fue la muerte en un campo agrícola, donde trabajó a sus escasos ocho años de edad.
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En diciembre de 2006, Cruz Salgado París y Agustina Aranda Huerta, vecinos de la comunidad Nahua de Ayotzinapa, Tlapa en la Montaña de Guerrero, se trasladaron a Sinaloa junto con sus seis hijos: Silvestre, de 15 años; Silvia, de 12 años; Adriana, de 10; David, de 8; Alondra, de 4 y Sandra de 3 años, para trabajar en el corte de tomate, en el Campo Santa Lucia, perteneciente a la empresa Agrícola Paredes S. A. de C. V., Culiacán.
En México existen alrededor de 3 millones 100 mil jornaleros agrícolas, de los cuales, 14 mil son originarios de la Montaña de Guerrero, de ellos, 350 mil son menores de edad. De acuerdo con datos oficiales, del total de jornaleros que migraron de la Montaña en la “temporada alta” (septiembre-diciembre) del 2006, el 46 por ciento eran niños y niñas menores de 15 años. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay 775 mil menores que laboran en alguna actividad.
De los niños jornaleros del noroeste del país, el 42 por ciento presenta algún grado de desnutrición. El 46 por ciento de los de entre 6 y 14 años de edad no saben leer, y el 46 por ciento mayores de 12 años no concluyeron la primaria. Menos del 10 por ciento de los niños jornaleros asiste a la escuela y, en promedio, reciben 70 pesos el día y trabajan jornadas de más de 8 horas.
Después del medio día del 6 de enero, David Salgado se encontraba cortando y recolectando tomates junto a su familia en el lugar denominado Los Pinos, ubicado en el campo Santa Lucia. David caminó por la parte trasera de una batanga para vaciar el balde de tomates que llevaba, cuando tropezó con una cuerda oculta. El niño quedó detrás de la batanga, en ese momento el conductor movió el tractor hacia donde estaba el pequeño y lo atropelló provocándole la muerte instantánea.
Los familiares y testigos confirmaron que el menor fue atropellado por el tractor cuando estaba laborando. Sin embargo, el certificado de defunción emitido por la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa no reconoció que el deceso ocurrió en el lugar donde David laboraba. La averiguación previa integrada por el ministerio público, CLN/COSRI/04/07, menciona que la causa de muerte fue “traumatismo cráneo encefálico”, y que fue en la “vía pública”, es decir, que la muerte de David habría ocurrido fuera del campo y el traumatismo habría sido ocasionado por un golpe o una caída, lo que deslinda de cualquier responsabilidad a la empresa agrícola.
Se enredan las autoridades
La empresa, para la que trabajaba David y su familia, se hizo cargo de los gastos funerarios y el traslado del cuerpo de Sinaloa a Tlapa, así como del viaje de su familia para el sepelio. Además, entregó una cantidad de dinero equivalente a los salarios que los familiares no iban a recibir durante las dos semanas que permanecieran fuera del campo (entre el traslado, el entierro y otros 9 días después). En total, la empresa otorgó alrededor de 60 mil pesos.
Nueve días después del entierro, la familia regresó al campo Santa Lucía para hablar de la indemnización que por ley habrían de recibir y también para volver al trabajo. Días después, Sergio Paredes (hermano del dueño de Agrícola Paredes) junto con un agente del ministerio público pidieron a los padres de David firmaran los cheques que correspondían a los 60 mil pesos que recibieron, así como un documento que notificaba la entrega de tal cantidad.
Ese documento no sólo consistía en describir el dinero que habían recibido, sino que también especificaba que la familia hacía un “otorgamiento de perdón” tanto a la empresa agrícola, como al tractorista responsable de la muerte del menor. Los padres de David, que no saben ni leer ni escribir y que ni siquiera entienden bien el español nunca recibieron asesoría jurídica, ni tampoco el servicio de un traductor.
Con haber cubierto los gastos ya mencionados y apoyándose en el documento de “otorgamiento del perdón”, Agrícola Paredes afirmó que había cumplido con sus obligaciones en beneficio de los parientes de David. En esas circunstancias la familia Salgado Aranda decidió regresar a Guerrero y acudieron al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que, desde entonces, los asesora.
A la fecha no hay una respuesta por parte de la empresa ni tampoco de las instituciones gubernamentales. Se hizo llegar una propuesta a la empresa agrícola, así como a sus asesores jurídicos, en la que se plantean los montos de la indemnización basándose en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, considerando las cantidades económicas que aparecen en diversos recibos que otorgó la empresa a David, como comprobante de ingresos. Las cantidades que aparecen en dichos recibos varían en los montos, pero se hizo el balance del ingreso y se adecuó a lo que establece la ley en términos de la indemnización correspondiente.
El 14 de abril se llevó a cabo una reunión en Sinaloa con el abogado de la empresa agrícola y con autoridades del gobierno estatal, para analizar la propuesta y las implicaciones con respecto al caso de David. En ella acordaron elaborar una nueva propuesta y enviarla por escrito a la familia Salgado Aranda, para que la revisaran y llegaran a un acuerdo.
El 24 de mayo pasado, hicieron llegar una propuesta para “finiquitar la indemnización”, donde la empresa pagaría una parte y el gobierno otra. Sin embargo, la propuesta quedó muy por debajo de los estándares nacionales e internacionales de reparación del daño y, por lo tanto, la familia no se quedó conforme, pues más allá del dinero, lo que busca es justicia social para evitar que le vaya a ocurrir a otros niños lo que sucedió con David. Se mandó una nueva propuesta al gobierno de Sinaloa a principios de junio la cual no ha tenido respuesta hasta la fecha.
