Melchor Peiro Guerrero*
La violación de los reglamentos de construcción no es la única falta en el proyecto para edificar Nuevo Culiacán, detrás de la obra se ocultan la corrupción, el favoritismo y la mala planeación.
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La inversión que realiza una familia para establecer su hogar y desarrollar su vida resulta amenazada por las políticas públicas de gobernantes y regidores. Si la administración pública decide dotar o no de servicios suficientes, el impacto será directo en el entorno social y en el ambiente físico de la comunidad.
En Culiacán proliferan construcciones con “espacios útiles”, muros y cristales “volados” sobre la banqueta (a pesar de que es vía pública). Entre ellos la tienda Coppel, situada en las calles de Obregón e Ignacio Ramírez; la Escuela de Manejo, en la calle Zaragoza, y el Banco de Constitución, junto a la Escuela de Música de la UAS.
De conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Culiacán, en esos casos procede su retiro o demolición, y corresponde a la Dirección General de Obras Públicas ejecutar dicha disposición legal.
Mal uso del erario
El caso de la Unidad de Servicios Estatales (USE) –que el diario El Centinela denomina “la cabaña chueca del tío Juan”, por su similitud con la cabaña chueca del parque Constitución– debe transparentarse. Al parecer, los diputados de la anterior Legislatura “quedaron satisfechos” –no así los contribuyentes– con la explicación que ofreció el tesorero del estado, quien argumentó que era preferible pagar 240 millones de pesos de renta, durante 10 años, que hacer una inversión mayor en la construcción de un edificio público.
Sin embargo, después se dijo que el contrato era por un año. El contrato resolvía dos asuntos: garantizar el tránsito por esa zona y la construcción del llamado puente de la USE. A su vez esto permitiría desarrollar las hectáreas sobre la margen derecho del río Culiacán, previamente enajenadas por funcionarios y amigos del grupo en el poder.
El proyecto Nuevo Culiacán dejó en el olvido la remodelación del llamado Centro Histórico y las obras de Culiacán del Oriente. Por la renta del edificio se han gastado 48 millones de pesos (más 7.2 millones de pesos de IVA) del erario público.
Documentos oficiales obtenidos por medio de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, revelan que el contrato de arrendamiento es por 10 años, a partir del 1 de septiembre de 2004. “El arrendatario se compromete a pagarle por concepto de renta mensual la cantidad de 2 millones de pesos, más 300 mil pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado”.
Los informes aclaran que la cantidad no se incrementará durante la vigencia del contrato.
Otro pendiente de la administración pública es el puente Josefa Ortiz de Domínguez.
Espectaculares
En materia de urbanización, el gobierno deberá resolver el asunto de los anuncios espectaculares y las llamadas vallas de publicidad. Sin embargo, en vez de regularlos, es el ayuntamiento el que autoriza la colocación de las estructuras. Esto a pesar de que recientemente quedó en evidencia su debilidad estructural y por tanto las violaciones al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán (artículos 215 y 249).
Aunado a esto, los espectaculares y las vallas se suman a la grave contaminación visual y la afectación del paisaje natural, en abierto desacato al Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Culiacán, según lo que establecen sus artículos 164, 173 y 178.3
*Arquitecto, maestro en Desarrollo Urbano, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UAS y miembro activo del Colegio de Arquitectos “Luis F. Molina” de Culiacán.
