Alberto Morones Rivas
A pesar del alto riesgo, las autoridades municipales de Navolato omiten informar a los compradores de terrenos en la zona de Nuevo Altata la posibilidad de que ocurra un severo terremoto. Hasta ahora, todos los municipios del estado se abstienen de supervisar la calidad de los materiales de construcción empleados en obras públicas y privadas.
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De 1980 a 2006 se registraron 175 sismos frente a las costas de Sinaloa, considerados como “avisos” de un probable terremoto de magnitudes mayores, quizá catastróficas.
La visión y las estadísticas del doctor en sismología aplicada a la ingeniería Héctor Rodríguez Lozoya, demuestran que Sinaloa es una zona sísmica.
El investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) asegura que, a raíz de los constantes temblores registrados en los últimos años, ya se está considerando ubicar al estado en la zona “D” de regionalización sísmica de México, que es la más fuerte. Actualmente se ubica en zona “C”, puntualiza.
En entrevista, y luego de los más recientes temblores ocurridos en la entidad, Rodríguez Lozoya afirma que los movimientos sísmicos son muy comunes. Aclara que la gente no los percibe porque generalmente ocurren por las noches o son de muy baja intensidad.
Contrario al rumor de que la llamada falla de San Andrés cruza las costas de Sinaloa, el doctor en Sismología sostiene que ésta termina en el Valle Imperial, exactamente en la frontera de Estados Unidos con Mexicali.
“Lo que tenemos aquí es un sistema conocido como sub-fallas por transformación del Golfo.” Añade que a diferencia de la zona del sureste mexicano, que comprende sobre todo a los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero y donde los sismos se dan por choques de las placas tectónicas, aquí los temblores se presentan por desplazamientos horizontales de las mismas.
El experto en la materia dice que los más de 170 sismos que se han registrado de 1980 a la fecha frente a las costas sinaloenses –y en particular los 25 que se han logrado monitorear frente a las costas de Altata, con una intensidad que va de 3 a 5.5 grados en la escala de Ricther–, son la mejor prueba de que Sinaloa es una zona sísmica.
“Son avisos. Y este riesgo ya lo informamos a las autoridades del ayuntamiento de Navolato, para que prevenga sobre todo a la gente que está comprando terrenos en Nuevo Altata. Pero han desoído nuestra sugerencia”, afirma Rodríguez Lozoya.
Riesgos inminentes
Además de la adecuación del reglamento de construcción en cada uno de los municipios, en Sinaloa se requiere una verdadera supervisión sobre las constructoras y fabricantes de materiales, advierte Manuel Rodolfo Romero López.
El master en ingeniería estructural y catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UAS, asegura que al no existir un reglamento claro para cada región, los ayuntamientos eluden su responsabilidad de supervisar y trasladan esa labor de fiscalización a los directores de obra.
Consultado sobre si se está obligando a los constructores a aplicar la técnica a base de estructuras metálicas para prevenir daños en las edificaciones por posibles temblores, Romero López reconoce que se llega hacer, pero no por las autoridades competentes sino por iniciativa de la gente, que se convence cada vez más de los peligros de un sismo.
Los ciudadanos desconocen si los ayuntamientos supervisan la ductibilidad del acero y la calidad de los materiales que se utilizan en las obras. “Yo no he sabido que a algún tabiquero le hayan ido a preguntar, por ejemplo, si sus tabiques cumplen con determinada resistencia”, dice el ingeniero.
Romero López asegura que los ayuntamientos han tratado de eludir su responsabilidad, por eso recurren a los directores de obras, a quienes “invisten” como fiscalizadores de materiales. “Les trasladan la responsabilidad como si fueran empleados del ayuntamiento encargados de la verificación de que las cosas se hagan con cierta calidad”.
La grave omisión de las autoridades en este rubro, se debe a la carencia del reglamento de construcción. “Constantemente se recurre a las normatividades del Distrito Federal y de la Comisión Federal de Electricidad, pero eso no es lo más adecuado”, advierte Romero López.
