Alberto Morones Rivas
La Divisa y Ayuné, balnearios por tradición de los culiacanenses en el periodo vacacional de semana santa, son víctimas de la destrucción por parte de empresas cribadoras, dedicadas a la extracción de grava y arena sin el más mínimo control de las autoridades.
Publicidad
Al amparo de las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA), y cobijados por las laxas e irregulares inspecciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente, desde hace una década al menos dos empresas cribadoras realizan extracciones en las zonas donde se ubican los balnearios La Divisa y Ayuné. El resultado: enormes lagunas y decenas de árboles derribados.
Para Roberto Moreno, investigador universitario y presidente de la Asociación Riparia Sinaloense, la destrucción de ambos balnearios tiene su origen en el hecho que una vez que autorizan las concesiones nadie supervisa el área de explotación ni mucho menos el cumplimiento de las medidas de mitigación.
“Vemos que se otorgan permisos a diestra y siniestra y que no se da seguimiento correcto ni oportuno, porque los explotadores de grava y arena no se comprometen a nada”, advierte el activista.
El comisariado ejidal de Ayuné, José Gregorio Aispuro Zavala e Hilaria Aispuro Beltrán coinciden en que estas empresas sólo han dejado destrucción y muerte. Dicen que han acudido a todas las instituciones competentes, para que se les ponga un alto a las cribadoras, pero que no ha habido respuesta.
Aispuro Zavala sostiene que al no haber una supervisión de parte de las autoridades, los operadores de la maquinaria derriban los pocos álamos que quedan. Además, advierte, han trastocado los terrenos de los vecinos que dan hacia el lado del río.
Hilaria Aispuro Beltrán asegura que las lagunas formadas en la zona, como consecuencia de los trabajos de explotación, constituyen un peligro para quienes frecuentan los balnearios. “Hay niños que se han ahogado en las enormes lagunas”.
Carmen Torres Eceberre, delegada estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, explica que la dependencia a su cargo solamente recibe los estudios de impacto de ambiental, pero que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley en materia ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Respecto de la cuestionable actuación de la Profepa, Lorenzo Gómez Leal –delegado de dicha dependencia– apenas refiere que tomará el reportaje como denuncia, por lo que, asegura, enviará inspectores al área para que supervisen que las empresas estén trabajando sobre el área que se les fue autorizada.
Ante la negligencia de las autoridades, el investigador universitario Roberto Moreno ya pidió a la Semarnat, a la Profepa y a la CNA que pongan más cuidado en el otorgamiento de permisos y concesiones para extracción de materiales pétreos. Pues lo que está sucediendo en el río Tamazula a la altura de Ayuné y La Divisa ocurre en todos los ríos del estado.
“Es cierto –advierte– que estas empresas generan mano de obra, que los materiales se requieren para el avance de la ciudad, pero también es una realidad que, al no existir un seguimiento de las autoridades, los operadores deforestan el área y destruyen el río.”
Roberto Moreno manifiesta que lo más grave de todo es que los sedimentos del río se depositan aguas abajo. No descarta la posibilidad de que en el futuro van a provocar inundaciones en la ciudad. El también presidente de la Asociación Riparia dice que en otros países las empresas cribadoras son obligadas a construir parques una vez que terminan sus trabajos.
La destrucción que se observa en los balnearios de Ayuné y La Divisa, amerita una intervención urgente y seria de las autoridades competentes.
