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SINALOA  

Rechazo a reformas a Ley de Transparencia

Guillermo Contreras Núñez
En Sinaloa contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública pionera. La rendición de cuentas es agenda permanente del órgano garante de la transparencia estatal, la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Este es el primer paso que debe seguir su camino de frente y con firmeza, y en ningún momento permitir que se den “pasos de cangrejos”.

 

 

 


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Las reformas a esta ley están en la mesa de la discusión de muchos sectores políticos y sociales. Algunas por contener datos interesantes y, las otras, por las ocurrencias insólitas que proponen. Aunque serán los legisladores quienes aprobarán o desecharán las iniciativas, es de esperarse que el Congreso no enfile sus decisiones a favor de propuestas vacías y tendenciosas.

En entrevista con Contralínea Sinaloa, el ex diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Sánchez Sáinz, considera necesario evitar cualquier tipo de obstáculos que frenen los logros de la Comisión para el Acceso la Información Pública, y se pronuncia porque las iniciativas de reforma, que no representen un avance serio, se analicen a fondo para evitar un retroceso en la materia.

“Será tarea de los legisladores remover los obstáculos que impidan los avances del fortalecimiento de este órgano de la transparencia”, advierte el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo.

–¿Considera necesario que la Ley de Acceso a la Información, y la misma Comisión, se eleven a rango constitucional?

–Estoy convencido de que este organismo debe establecerse en rango constitucional, precisamente con el fin de garantizar su independencia y autonomía. Al momento de su creación, no era sano, desde el punto de vista jurídico ni político, meterla a la discusión de elevarla a rango constitucional, ya que no se tenía experiencia. Pero en la actualidad es fundamental trabajar a favor de la constitucionalidad del organismo.

–¿Qué opina de las iniciativas que intentan restarle autonomía al organismo?

–La Comisión es una instancia que está incluso fuera del ámbito gubernamental. Está clasificada como un organismo autónomo por la doctrina, ya que no está enclavado ni en los poderes Judicial, Ejecutivo ni Legislativo. Es más, ni siquiera en la administración pública descentralizada. La autonomía de la Comisión es fundamental, ya que permite actuar con imparcialidad y hacer eficaz la Ley.

–La ley actual establece que quienes aspiren integrar este organismo no deberán ser dirigentes políticos ni religiosos, por lo menos cinco años antes de su designación; sin embargo una de las iniciativas ya presentada al Congreso considera que con dos años es suficiente, ¿esta es una propuesta congruente?

–Es muy sano y necesario que los comisionados estén desligados del gobierno con el mayor número de años posibles, con el fin de garantizar la mayor independencia de los comisionados. Reducir el tiempo significaría un retroceso para la garantía de la autonomía del organismo.

–También se propone bajar el nivel académico de los aspirantes a comisionados, ¿este planteamiento es sensato?

–Considero que los comisionados deberán tener, como mínimo, un grado de licenciatura y, preferentemente tener estudios relacionados con el acceso a la información. En ese organismo se debe contemplar a gente especializada en el tema. Afortunadamente en Sinaloa hay doctorados, hay mayor preparación. Por lo tanto no hay justificante para decir que en la actualidad no se necesite ni siquiera licenciatura. Cualquier órgano de orden jurisdiccional requiere que las personas que lo integren estén capacitadas y calificadas.

El jurista dice que “los legisladores locales no deben ceder a los intereses de particulares. Será la visión y la formación de los diputados las que determinen si están dispuestos a legislar a favor de intereses de particulares o del interés general”.

Para los legisladores, reformar la ley de transparencia es un gran reto. Actuar de manera contraria al máximo principio de publicidad sería absurdo e imperdonable, sin embargo, hay versiones que apuntan a que en el Congreso se intenta hacer un traje a la medida para algún “bendecido”, “cobijado” en un grupo de poder.

Publicado: Marzo de 2007 Año 2 / No. 21



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